Editorial: Responsabilidad fiscal


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Decidimos volver, por tercera semana consecutiva, sobre el tema fiscal por la enorme importancia que tiene para nuestra salud económica. Un mal manejo acarreará graves consecuencias macroeconómicas, sociales y productivas.

La oposición, que por ser alianza no actúa con la coordinación que se pudiera esperar, ha enfocado la problemática fiscal desde la perspectiva del gasto, pero sin mucha creatividad ni profundidad.

Las propuestas se centran en manejar mejor algunos privilegios salariales del sector público –anualidades inmerecidas, horas extra y dedicación exclusiva– y limitar las llamadas “pensiones de lujo” a exdiputados, Poder Judicial y funcionarios de Hacienda. Argumenta Ottón Solís que lo primero se puede lograr con solo una directriz presidencial a los jerarcas de las instituciones del Estado y lo segundo es atractivo porque parece políticamente viable.

En materia de regulaciones, las propuestas incluyen limitar el déficit a un 2% del PIB e imponer sanciones a aquellos funcionarios que financien gasto corriente con deuda, bajo el principio de que el país se debe endeudar solo en aquellos campos donde la inversión eventualmente se pagará por mejoras en productividad o crecimiento.

Todo lo anterior es importante, pero insuficiente. El problema fiscal debe ser abordado integralmente en términos estructurales, prácticos y hasta de justicia.

A nivel del gasto hay que cerrar instituciones y departamentos que no crean valor real para el Estado en términos de bienestar social, productividad nacional o sostenibilidad. Este problema no lo creó el Gobierno actual, pero le toca corregirlo por la situación fiscal que enfrenta.

Estructuralmente una nación que fue agrícola, pasó por una etapa de manufactura y hoy es primordialmente de servicios necesita un IVA (impuesto al valor agregado) que cubra los servicios de manera integral. No tiene sentido que se espere aumentar el ingreso sin que el sector servicios contribuya con la proporción que le corresponde.

A nivel práctico hay tres temas principales. Eliminar la complejidad de los impuestos, facilitar su cálculo y pago a los contribuyentes e incorporar el cobro en las transacciones para que su recaudación no dependa de declaraciones posteriores, sino del momento en que las partes de una transacción se fiscalizan mutuamente.

A nivel de justicia en el sistema, existe en el país una altísima concentración en el pago de diferentes tributos. La gran mayoría de la recaudación en cada impuesto recae en unas pocas empresas y familias –los llamados grandes contribuyentes– pero deja libres de fiscalización y presión a miles de otras empresas y personas que debieran estar contribuyendo proporcionalmente.

Es comprensible que las familias de ingresos bajos no tributen, pero no hay razón para exonerar empresas –grandes cooperativas, por ejemplo– o familias y personas cuyo ingreso obliga a contribuir fiscalmente.

Con excepción del IVA y la modificación de los regímenes de pensiones –que debieran ser políticamente viables– todo lo anterior se puede hacer sin modificar tributos ni tasas, pero requiere de liderazgo y trabajo serio por parte del Gobierno y, en particular, del ministro de Hacienda.

Requiere también que la oposición legislativa actúe con madurez y responsabilidad, en función del bienestar del país, y no solo en función del botín político que representa el fracaso del Gobierno actual.

Sostenbilidad y financiamiento