Opinión

Dignificando al funcionario

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A raíz de la reciente resolución No. 7163-2012 de la Sala Constitucional, donde se exige a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) realizar pruebas de conocimiento y razonamiento a los oferentes a puestos públicos, bajo el criterio de que “en los concursos promovidos por la institución, donde media la aplicación de pruebas psicométricas, no se evalúa el dominio técnico del postulante sobre el área científica correspondiente al cargo público objeto de un concurso”, se ha iniciado una campaña ofensiva en diversos medios de comunicación, que no solo cuestionan la normativa y procedimientos técnicos aplicados por la DGSC, con la experiencia de 60 años de Régimen Público basado en méritos, sino también contra el funcionariado público en general.








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