N adie puede negar la relevancia que ha tenido Intel para el país. Hace dos décadas se anunció que el productor mundial más grande de microprocesadores se establecería en San Antonio de Belén, con una inversión inicial de US$150 millones y la creación de 1.500 puestos de trabajo. Con el tiempo sus ventas representaron un 13,7% de nuestras exportaciones totales (2013) y su actividad se extendió a la prestación de importantes servicios.
La instalación de este gigante constituyó un hito en la estrategia de atracción de inversiones. A partir de ella, los esfuerzos del país –a través de Cinde, Comex y distintos presidentes– se enfocaron en hacer florecer este cluster y en posicionar a Costa Rica como un lugar propicio para muchas otras compañías del sector de alta tecnología. Se supo aprovechar la presencia de Intel y hoy son muchas las empresas que conforman un sector dinámico y consolidado, junto con el de dispositivos médicos, manufactura avanzada y de servicios empresariales de alto valor.
Ha sido una relación de mutuo beneficio y los cambios anunciados no deben opacar esa realidad. Al mismo tiempo, si bien entendemos las razones de corte estratégico que llevaron a la compañía a consolidar sus operaciones de manufactura en Asia, tal cual explica su representante en esta edición, lo cierto es que la decisión no deja de ser impactante para el país y sus trabajadores.
Nos recuerda, además, que factores que no controlamos pueden tener implicaciones serias aún en compañías que se sienten cómodas aquí, como lo demuestra el que la empresa mantenga y expanda sus operaciones locales en el campo de los servicios globales, la investigación, ingeniería y diseño. Ello nos obliga a trabajar más duro en los factores de competitividad sobre los que sí tenemos control. La competencia internacional por la atracción de inversión extranjera es dura. No hay espacio para la complacencia ni el descanso; menos para los atrasos y el boicot que muchas veces se interponen en los más importantes proyectos.
En esta coyuntura, el inicio de un nuevo gobierno, en vez de convertirse en motivo de dilaciones adicionales, debe servir para un renovado impulso de la agenda de competitividad. Proyectos de infraestructura en marcha, como la concesión de la terminal de contenedores de Moín, la ampliación de la Ruta 32, la reconstrucción de la carretera a San Ramón y Cañas-Liberia deberán asumirse con seriedad, darles continuidad, y finalizarse con sentido de oportunidad. Igualmente, no caben más atrasos en la reforma del sector eléctrico; no podemos seguir cerrando los ojos ante una realidad que nos estallará en la cara si no se toman las decisiones para garantizarle a empresarios y consumidores que contaremos con electricidad en cantidades, costos y calidad de estándares internacionales.
Asimismo, la designación del nuevo gabinete debe aprovecharse para mandar señales claras sobre la posición que el Gobierno asumirá con respecto a la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de la competitividad. Lo acontecido en estos días exige contar con un equipo experimentado y conocedor, pero sobre todo comprometido con sacar adelante esta importante tarea.