Editorial: El gasto primero


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Una vez más el Poder Ejecutivo cumplió el rito cuatrienal de anunciar una reforma tributaria para incrementar los ingresos del Gobierno Central. Como es usual, se abrió un período para el debate de los temas fiscales. Y, también, como es usual, la “nueva” reforma no contiene novedades importantes en relación con las anteriores propuestas, tal como lo informáramos en la edición de EF de la semana pasada.

En esta página editorial, en forma reiterada, hemos planteado la necesidad urgente de reducir el déficit fiscal del Gobierno Central para lograr la sostenibilidad financiera en el mediano plazo. El Gobierno Central no puede, ni debe, seguir aumentando el nivel de su endeudamiento, especialmente en momentos en los cuales las calificadoras de riesgo nos miran con mayor nivel de duda y existen mayores probabilidades del ascenso de las tasas de interés en Estados Unidos en un futuro más o menos cercano.

En la discusión sobre el déficit fiscal no debemos olvidar que su aumento se originó por la expansión del gasto. Esta es la causa exclusiva, como lo demuestran las siguientes cifras de las finanzas del Gobierno Central:

• En 2006, los ingresos fueron del 14,2% del PIB y 2014 alcanzaron exactamente igual cifra. Esto indica que los ingresos del Gobierno Central no se han reducido. Es cierto que la bonanza económica en 2007 y 2008 aumentó temporalmente los ingresos, pero después regresaron al nivel “normal”.

• En 2006, los gastos sin incluir intereses fueron del 11,5% del PIB y en 2014 llegar al 17,2%. Es decir, el gastó aumentó en 5,9 puntos porcentuales del PIB. Es importante anotar que este aumentó ocurrió durante la Administración Arias entre 2006 y 2010.

• En 2006 el Gobierno Central tenía superávit primario (no toma en cuenta el pago de intereses) del 2,7% y en 2014 había un déficit del 3,2%.

No se puede resolver un problema si se ignora cuál es su causa. Si olvidamos el pasado, un pasado muy reciente en este caso, estaremos condenados a repetirlo. Nos preocupa que la aprobación de nuevos de impuestos conduzca a la misma historia de aumento del gasto y que de nuevo en un futuro no muy lejano estemos en el mismo problema fiscal de hoy.

El Gobierno actual, aunque no sea responsable de las decisiones del pasado, no puede pedir sacrificios a las familias y a las empresas en materia del pago de impuestos si no existen garantías claras de una disciplina y austeridad en la política del gasto público. ¿Más impuestos para pagar ineficiencias y privilegios en el Gobierno, tales como las denunciadas por el presidente Solís en su informe de los 100 días?

Por lo tanto, se equivoca la administración del presidente Solís, al promover primero proyectos de ley para aumentar los impuestos y dejar en segundo plano los proyectos de ley para reducir los gastos, mejorar la composición del gasto, reducir la ineficiencia y aumentar la rendición de cuentas sobre los resultados de la acción de las instituciones.

Lamentablemente, los hechos ocurridos alrededor de la aprobación del Presupuesto Nacional alimentan la desconfianza sobre la austeridad de la actual administración. El Poder Ejecutivo propuso un Presupuesto Nacional para el 2015 con una expansión del gasto muy por encima de la inflación. El Presidente de la República y sus ministros defendieron este incremento extraordinario del gasto y se enfrentaron en forma enfática a los diputados que apoyaban las políticas de austeridad. El presidente de la Asamblea Legislativa, a contrapelo del ordenamiento jurídico, dio por aprobado este presupuesto.

En conclusión, consideramos que el Gobierno –tal como prometió el presidente Solís en la campaña electoral–, en primera instancia, debe someter a la aprobación legislativa los proyectos relacionados con el gasto y luego debe venir la discusión sobre los impuestos.

Sostenbilidad y financiamiento