En su edición de la semana pasada, EF analizó los problemas que padece la zona de El Coyol de Alajuela para desarrollar todo su potencial. Quedó claro que hay graves faltas de planificación, descoordinación interinstitucional y de ejecución diligente de lo planeado tanto por parte de autoridades nacionales como municipales, pese a que han contado desde hace años con señales claras de la demanda por servicios que se generaría.
Esa zona ha sido designada, desde hace años, como un potencial polo de desarrollo por parte de analistas del desarrollo nacional. Así lo han reconocido instituciones privadas y públicas como Incae, Cinde, Comex, INA, Alajuela 2015 y la Municipalidad de Alajuela.
Y es lógico que así sea. Esta zona tiene acceso privilegiado al aeropuerto internacional, al puerto de Caldera y a la ciudad de San José por medio de dos autopistas; tiene la segunda ciudad del país y distritos como San Rafael, La Guácima, El Coyol, Ciruelas, Turrúcares y Atenas como fuentes potenciales de mano de obra; es un centro de distribución y acopio ideal, pues desde la Ruta 27 y el cruce de Manolo’s se pueden atender todos los rincones del país –excepto el Caribe– a través de la Ruta 27 y la costanera, la carretera interamericana norte, y hasta la vieja carretera del Monte del Aguacate, que brinda una ruta alterna y de acceso a otras poblaciones. Por esta rutas se alcanza la vertiente norte, Guanacaste –incluyendo Peñas Blancas–, Puntarenas y todos los cantones de la GAM.
Pero un polo de desarrollo es tan solo potencial si no se planifica su desarrollo de manera adecuada. Estas mismas oportunidades se convierten en problemas pues si no se desarrolla la infraestructura de carreteras y la plataforma de servicios adecuada, el crecimiento se convierte rápidamente en escasez de recursos, en conflictos por acceso a los servicios y en limitaciones para los residentes corporativos y domésticos de la zona.
La lógica de este tipo de polos es que al concentrar las inversiones geográficamente se pueden alcanzar altísimos niveles de eficiencia en dimensiones como el desarrollo de infraestructura logística y en la plataforma de servicios; aprovechamiento intenso de recursos como el aeropuerto; alta productividad en el acceso a capital humano calificado y sus centros de formación; desarrollo inmobiliario estratificado que permita atraer capital humano adicional y especializado; en fin, el desarrollo de clusters de alta productividad y competitividad.
El caso de la zona interpistas ha sido evidente por años, y a pesar de esto, tanto la institucionalidad local como la nacional se han rezagado respecto a su potencial y respecto a la realidad de su proceso de desarrollo. Este caso es muestra clara del costo de la ingobernabilidad, del costo enorme que tienen los excesos burocráticos, la incapacidad de planificar y el calvario de ejecutar lo planeado.
Si el país crece lentamente y pierde oportunidades competitivas, si sentimos que cada día se nos alejan los competidores globales y se nos acercan los competidores centroamericanos, es porque así lo hemos decidido y no porque nuestro país carezca de oportunidades y potencial.
¿Hasta cuando? La palabra la tienen nuestros gobernantes y legisladores. La pobreza, las oportunidades perdidas y el potencial no realizado son de su entera responsabilidad.