C omo lo hemos hecho ya desde hace casi dos décadas, al terminar el año, el equipo editorial de El Financiero se abocó a seleccionar al Empresario del Año y a la Figura Pública que se hayan distinguido durante estos doce meses por su excepcional labor en cada uno de sus campos.
En lo privado, la premiación ha sido otorgada a Javier Quirós, presidente del grupo Purdy Motor, empresa familiar, fundada en 1957 y dedicada fundamentalmente a la importación y distribución de vehículos, con presencia en Costa Rica, México y Estados Unidos.
Su espíritu emprendedor los ha llevado a expandirse por todo el país y abrir nuevos nichos de mercado, como el proyecto Purdy Trabajo, ubicado en la llamada Ciudad Toyota en La Uruca, donde se dedican al ensamblaje de camiones.
Recientemente también se han expandido en Texas, con una nueva distribuidora en Dallas, y han inaugurado Torre Lexus en Escazú. Su iniciativa, capacidad para innovar, vocación de invertir y arriesgar más, así como el reconocimiento al aporte de los 1.500 trabajadores que colaboran con el grupo, lo hacen merecedor de esta distinción.
En el sector gubernamental, por el contrario, hubo que declarar desierta la categoría de Figura Pública, ante la imposibilidad de identificar un funcionario de alto rango que se haya destacado por su compromiso y empeño en sacar adelante proyectos de relevancia. Ciertamente ha habido algunos avances en ciertos campos, como en turismo o inversión extranjera, pero estos son principalmente el resultado de proyectos o esquemas de trabajo ya asentados desde hace muchos años.
Reconocemos también las dificultades que normalmente enfrentan las autoridades de cualquier gobierno para llevar adelante sus agendas, dada la ya innegable disfuncionalidad de nuestro sistema político y la ingobernabilidad que esto provoca, pero ello no justifica el desgano con que se enfrentan procesos tan importantes como la incorporación a la OCDE o la Alianza del Pacífico; la indolencia con que se ha abordado el problema fiscal; la desconcertante ineptitud e improvisación mostradas en el sector de infraestructura, o el cortoplacismo para enfrentar el reto en el sector energético.
El contraste es tristemente evidente: mientras el sector privado hace su tarea y lucha diariamente por crecer, innovar, competir, arriesgar y obtener ganancias, generando trabajo y contribuyendo al fisco y a la seguridad social, al Gobierno no parece interesarle cumplir con su parte.
Por el contrario, no solo no existe un compromiso serio por reducir, de forma sistemática y constante, los excesos regulatorios que padecemos, ni por atacar con decisión los factores que inciden negativamente en la competitividad de nuestro sector productivo, sino que presenciamos, un día sí y otro también, nuevas formas de entorpecer arbitrariamente la actividad privada y afectar a los consumidores, como ha sucedido con las reiteradas trabas impuestas a la importación de productos básicos.
El tiempo corre inexorablemente, se ha perdido ya demasiado tiempo, los problemas se agravan y en el Poder Ejecutivo no parecen terminar de entender la magnitud de los retos ni las barreras que deberán superarse si de verdad se quiere avanzar. En esta tarea, no se vale que solo una de las partes cumpla.