EDITORIAL

Eficiencia energética


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L as economías crecen sanamente al ritmo que lo hace su productividad. La productividad es función de algunos insumos fundamentales: la inversión que se hace en tecnología en cada puesto, el conocimiento individual y acumulado de la fuerza laboral, el costo del capital para quienes invierten en el país y la intensidad y eficiencia energética de la producción.

Es claro que muchas otras cosas afectan la productividad, como son los costos de información, logística, seguridad e innovación; pero los cuatro primeros son comunes a todos los sectores productivos y economías. Las naciones que los manejen bien, crecerán al ritmo de su inversión; las que no, paulatinamente, se quedarán atrás.

Costa Rica ha sido una nación líder en la mayoría de estos campos a nivel latinoamericano pero, poco a poco, hemos visto cómo la educación se rezaga frente a nuestros competidores globales al mismo tiempo que las naciones de la región cierran la brecha que nos separaba de ellas.

En el costo de capital el país siempre ha sufrido las consecuencias de un sector financiero relativamente caro y con pocas opciones de financiamiento no bancario. Aún somos líderes en tecnología e innovación en términos per cápita a nivel latinoamericano y en energía, mantenemos la competitividad en el costo energético del crecimiento económico, siendo una de las naciones líderes en consumo de energía por millón de dólares de producción nacional.

Recientemente el país se ha rezagado en su ritmo de inversión en la generación de energía.

A esto se le han sumado problemas específicos como el reciente accidente en el proyecto hidroeléctrico de Reventazón, el retraso en el inicio del proyecto de Diquís, el impedimento de explotar fuentes de geotermia que se encuentran dentro de parques nacionales y la ambigüedad que existe en abrir el mercado de generación de energía a una mayor participación del sector privado, al cual se le ha definido un techo, limitando el grueso de las inversiones necesarias a instituciones autónomas, con el consabido costo y retraso que esto implica en una nación en que cada decisión de inversión pública sufre un verdadero viacrucis para llegar a concretarse.

Estamos en problemas, pues pronto estos rezagos en el sector de energía implicarán un nuevo cuello de botella a la inversión nacional y extranjera, y al crecimiento de nuestra productividad.

Si las plantas térmicas, como la de Garabito, son la única salida para evitar escasez en el abastecimiento de energía a mediano plazo, debe considerarse con seriedad diseñar todas las nuevas plantas para consumir gas natural, el cual es relativamente abundante, mucho más barato hoy que el petróleo y sus derivados, y mucho más limpio en cuanto a emisiones de gases a la atmósfera.

Lo que es más, el gas natural puede utilizarse como combustible vehicular, ganando eficiencia en “la otra mitad” de nuestro consumo energético y de paso reduciendo masivamente las emisiones, en consistencia con el objetivo nacional de carbono-neutralidad. Y además el gas natural importado masivamente, por su flexibilidad, se puede utilizar para cocinar, para refrigerar y para cientos de usos industriales.

En Costa Rica podría ser precisamente lo que se requiere mientras con calma y sentido estratégico se decide la mejor manera de invertir y explotar otras fuentes de energía como la biomasa, la geotermia y la solar.

El gas natural está disponible en cantidades crecientes en el mercado internacional, gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos masivos; a la mejora tecnológica en la capacidad de extracción y al ritmo de inversión global que se da en su explotación.

Pero ya en Costa Rica, antes de siquiera tomar la decisión estratégica de convertirlo en nuestra nueva fuente de energía, hemos decidido complicar la trama.

Recope argumenta que el gas natural es parte de su monopolio y que la institución debe ser la única que importe y distribuya a nivel mayorista el gas. El principal cliente, interesado en su importación, por la ambigüedad de las leyes que impiden al sector privado inversiones en generación de gran escala, es el ICE. Y por supuesto, la lógica indica que el sector privado esté interesado en invertir y agilizar el proceso, en la medida que alguna “leguleyada”, Aresep u otras instituciones no se lo impidan a punta de leyes y tarifas arbitrarias, impuestos o regulaciones.

Las leyes al respecto son ambiguas, pues estrictamente hablando el gas natural no es derivado del petróleo, aunque su extracción tiende a estar ligada con este. Para usos alternativos como insumo para el transporte y usos industriales, históricamente se ha permitido la importación de gases combustibles a la empresa privada.

La situación es clara.

Esta es una oportunidad para que el país dé un salto en la modernización de su matriz energética, y también en el manejo sus procesos de decisión y regulación. Ojalá por una vez, en un tema tan fundamental para nuestro crecimiento económico y bienestar, prime el interés de las mayorías a la hora de tomar las decisiones, en vez de que dominen intereses que al garantizarse el control del abastecimiento de gas para sí, lo que logran es fortalecer los sindicatos e instituciones que ya tienen en buena parte secuestrada nuestra prosperidad común.

Sostenbilidad y financiamiento