CONTRA PUNTO

Fonatel y la brecha digital

Opinión sobre el editorial anterior. Fonatel a paso lento. Edición 888

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Uno de los temas que con mayor ahínco se discutieron en el seno de la comisión especial legislativa que examinó la Ley General de Telecomunicaciones fue sin duda la regulación relacionada con el acceso, el servicio universal y la solidaridad.

Era claro para el legislador que la apertura del mercado debía ir acompañada de una sólida normativa social que debía responder a cuatro ejes fundamentales: la creación de un fondo nacional de telecomunicaciones, un régimen de subsidios que se nutriría de fondos provenientes del concesionamiento de frecuencias y de la contribución solidaria de todos los operadores, el dictado de una política pública a cargo del Poder Ejecutivo para solventar las necesidades de comunicación de población socialmente excluida y una entidad que se encargaría de ejecutar dichos fondos –la Sutel– por vía de concurso público. Lamentablemente a más de 4 años de haberse promulgado la Ley General de Telecomunicaciones enfrentamos la paradoja de que el Estado ha preferido depositar $200 millones en inversiones transitorias en la banca estatal porque ha sido incapaz de ejecutar esos recursos de conformidad con los cometidos sociales impuestos por el legislador. Resulta aún más extraño que a estas alturas nos demos cuenta de que estamos percibiendo las chispas de una virtual guerra silenciosa y sin sentido entre el Poder Ejecutivo y la Sutel. El único camino que debería seguirse es el que se trazó oportunamente en el acuerdo social digital. Hacerlo de otra manera sería irrespetar la voluntad manifiesta por la Presidencia de la República y que por respeto a la investidura debería de acatarse sin dilaciones y sin condiciones.

Sostenbilidad y financiamiento