Editorial: Ad frustrationem


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Franklin Chang Díaz es un líder visionario, carismático, respetuoso, excelente comunicador, excelso físico e ingeniero, fuente de inspiración para nuestra juventud y, ante todo, empresario que aspira a cambiar la forma en que se ejecuta la conquista del espacio para beneficio de toda la humanidad. Su tiempo vale oro.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), encargada de suplir los combustibles a nuestras industrias y flotas vehiculares, es una institución amarrada por leyes obsoletas, interpretaciones limitantes de sus capacidades, paralizada por el temor de sus funcionarios ante las actitudes y acciones de nuestras entidades de control, y es rica en recursos financieros. Es, en resumen, una institución típica del Estado costarricense.

Ad Astra es la empresa de Franklin Chang que, en su subsidiaria de Liberia, constituye uno de los mejores centros de investigación científica, tecnológica y empresarial de América Latina. Ad Astra ha tenido contratos con su casa matriz y con la NASA para el desarrollo y prueba de tecnologías avanzadas de propulsión y los equipos necesarios para desplegarlas en el espacio.

La relación entre estas dos organizaciones, bajo el liderazgo de Franklin Chang, estaba llamada a transformar las capacidades, actitudes y quizás el futuro operativo y estratégico de Recope para siempre.

Para un visionario como Chang Díaz la firma de un convenio entre Ad Astra y la Refinadora debía resultar en la creación de una nueva fuente de energía para el país, inicialmente experimental pero con el potencial de impulsar un cambio radical en nuestro modelo energético, al sustituir hidrocarburos importados por hidrógeno producido localmente. Además, era otra oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos que estimularan a muchos jóvenes a estudiar ciencias e ingeniería y a perseguir sus sueños visionarios y emprendedores.

El proyecto inició en el gobierno anterior y avanzó con paso firme. Pero la nueva junta directiva y presidencia ejecutiva de Recope detuvieron el proyecto.

Es fácil criticarlos, pero la verdad es que si firmaban un nuevo convenio o si autorizaban nuevas inversiones se exponían a acciones de la Contraloría por violar los límites de su autoridad para invertir y asignar recursos a un proyecto que técnicamente sobrepasaba la misión y objetivos formales de Recope, según la actual legislación.

Este proyecto es consistente con la actividad general de la Refinadora, pero en Costa Rica la letra de la ley es un límite fijo e intransigente. Lo malo es que, aparte de detener el proyecto, se ha actuado con la típica improductividad del sector público. Pasaron semanas y meses en que los costos de mantenimiento y operación del proyecto se acumulaban, en que la oportunidad de avanzar se perdía, y los jerarcas de Recope ni actuaron para cambiar la ley, ni negociaron lo necesario con la Contraloría, ni liberaron el proyecto para que otra entidad lo tomara.

En nuestro sector público el tiempo no se valora, como si el retraso en las inversiones no implicara dinero y costos de oportunidad, como si los proyectos fueran a esperar para siempre. Más allá de la frustración de Chang, lo que él ha vivido lo vivimos todos los costarricenses día con día ante trámites de bajísimo valor agregado que encarecen las inversiones, atrasan objetivos, restan calidad de vida y nos hacen perder oportunidades magníficas.

Frustración total.

Sostenbilidad y financiamiento