EscucharE l viaje de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, a Perú en un avión propiedad de un empresario privado, la semana antepasada, ha suscitado constantes y vehementes críticas en Costa Rica y ha traspasado, como noticia, las fronteras nacionales.
Sin embargo, nadie ha ofrecido una explicación coherente de lo ocurrido, lo que en el marco de la transparencia con que ha de actuar un gobierno democrático, y más en nuestro país, resulta inaceptable.
La falta de claridad y el cúmulo de opiniones vertidas sobre el particular han dañado la imagen del Gobierno, ya que, en materia de interés público y habida cuenta de los antecedentes en las relaciones entre el actual Gobierno y la opinión pública, la gente tiende a dar rienda suelta a toda suerte de suspicacias; máxime si estamos en las postrimerías de esta administración y la cercanía del proceso electoral atiza la crítica y la confusión. El problema se agrava con la presencia en este escenario de personas cuestionadas por sus relaciones con el narcotráfico, aunque ellos lo han negado con vehemencia.
La lectura de dos notas sobre este viaje, publicadas en la anterior edición de EF, sugieren algunos temas relevantes, como la necesidad de que los empresarios privados “eviten las cortesías” al Gobierno, así como el impacto de este viaje en la agenda política de este último año. Sin embargo, la cuestión central abarca la esencia misma del sistema democrático: el deber de los funcionarios y gobernantes de explicar con concreción y nitidez el alcance y razón de sus decisiones o actividades, y, a la vez, el derecho de los ciudadanos de exigirlas. ¿Por qué, entonces, el Gobierno no ha ofrecido una explicación coherente de los hechos y por qué, al parecer, nadie está enterado con certeza sobre cómo se debe proceder en estas situaciones?
No es justo afirmar que el narcotráfico ha aprovechado esta coyuntura para hacer de las suyas, pero sí es razonable demostrar que las contradicciones y las omisiones surgidas ponen de manifiesto el desorden e improvisación imperantes en materia tan principal. Si existen protocolos sobre las donaciones privadas, estos no se aplican. En esta ocasión los funcionarios que debían decidir no estaban, además, al tanto del viaje y, por lo tanto, no podían actuar con eficiencia o prontitud. Las fallas en cuanto a la coordinación han quedado al descubierto.
De este modo, algo aparentemente simple se ha convertido en escándalo y en cuestión de Estado y ha sido la prensa la que ha llevado la batuta en las informaciones. ¿Cuál es el efecto de este proceder? Que las omisiones oficiales dan pie a que la gente rellene la falta de información con suspicacias de todo tipo. Luego, a la falta de información se agrega la renuncia de algunos funcionarios; uno de ellos , el Ministro de Información, de manera espontánea y transparente. Por su parte, la Presidenta aseguró que estos hechos no volverán a repetirse, aunque, como es público y notorio, ya habían sucedido.
Al menos saquemos provecho de estos enredos, en cuanto a los viajes en avión y muchas otras marañas en el Estado o, como en este caso, en las relaciones entre el Gobierno y el sector privado. Estas relaciones deben estar presididas por el bien común y por principios y valores éticos que constituyan el arco de bóveda del Estado y de la ciudadanía. Cada funcionario debe saber lo que tiene que hacer y debe hacerlo bien y en el momento preciso. Así, cuando deba dar cuenta de sus actos deben reinar la verdad y la transparencia.
