Hace unas pocas semanas denuncié cómo el Gobierno estaba, contra estudios técnicos y científicos, anteponiendo intereses comerciales privados a la protección de especies amenazadas de tiburones.
Eso le valió a nuestro presidente ser declarado “enemigo de los tiburones” por Sharkproject (30 organizaciones ambientales de 23 países). En aquel momento pregunté con quién hablaba el Mandatario de estos temas, pues claramente estaba mal asesorado.
Ahora el Gobierno está promoviendo una ley para volver a permitir la pesca de arrastre, la más destructiva práctica pesquera, la que más amenaza nuestra pesca artesanal y nuestros recursos marinos y costeros, y a nuestras comunidades costeras –unas 15.000 familias bastante pobres– para proteger los intereses de 27 “industriales del camarón”.
Parece que a este grupo no le ha bastado con destrozar su propia industria, sino que quiere acabar con la pesca artesanal responsable y sostenible, que por cierto hoy es apoyada a nivel comercial por importantes cadenas de supermercados y restaurantes.
Digo volver a permitir, pues la Sala IV declaró la pesca de arrastre inconstitucional en el 2013, hasta tanto no se demuestre –con evidencia técnica y científica– que se han eliminado sus impactos ambientales gracias a nuevas prácticas y tecnologías. El proyecto de ley no introduce ninguna nueva tecnología o requisito que logre esto.
Un estudio reciente de la Universidad Nacional dice que estos 27 “industriales” generan unos 590 puestos de trabajo, muchos de los cuales no alcanzan el salario mínimo; además, ni pagan cargas sociales y de por sí son puestos de muy mala calidad y baja productividad. Esta no puede ser la razón de poner en riesgo las fuentes de ingresos y alimentos de 15.000 familias.
Una vez más, contra criterios técnicos, científicos y ahora sociales, el Gobierno actúa en contra del mar.
¿Qué estará detrás de todo esto? ¿Y el Ministerio de Ambiente qué opina?