Editorial: Una radiografía recurrente


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E l escaso desarrollo del mercado de valores costarricense sigue siendo un tema de gran preocupación. Entre los rasgos problemáticos cabe mencionar la marcada prevalencia de bonos del sector público y la ausencia de un mercado accionario.

Además, la imposibilidad de financiar infraestructura y grandes proyectos por esta vía, el limitado acceso de los pequeños inversionistas al mercado y la excesiva concentración de las inversiones de los fondos de pensiones.

Debemos reconocer que el Gobierno se ha ocupado del tema. En agosto del 2012 se difundió la Propuesta de plan de ruta estratégico para el desarrollo del mercado de valores de Costa Rica , elaborada por la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial. Al mismo tiempo, se emitió un decreto ejecutivo que declara de interés público el desarrollo del mercado de valores, cuya coordinación asignó al Segundo Vicepresidente de la República, y creó un consejo consultivo de apoyo.

Sin embargo, están por verse resultados concretos, incluida una propuesta de reforma a la legislación del mercado de valores anunciada hace varios meses por el presidente del Banco Central, que aparentemente se encuentra aún en proceso elaboración.

En el plan de ruta propuesto por el Banco Mundial y acogido por el Gobierno, se formulan recomendaciones importantes en cuatro grandes áreas. Primera, un mayor acceso y apertura del mercado a nivel nacional e internacional. Se propone crear mercados abiertos regulados a los que puedan acceder en forma directa los inversionistas institucionales y entidades financieras, dar acceso más expedito al inversionista al mercado mediante el enrutamiento de órdenes y concretar la apertura e integración del mercado local con otros mercados de la región.

Segunda, el fortalecimiento y mejora de la regulación y supervisión. El informe señala falta de fluidez, eficiencia y estandarización en el proceso de expedición normativa y falta de motivación de algunos de los cambios regulatorios. Se propone fortalecer la estructura del Conassif y crear una relación más orgánica y eficaz con las superintendencias del sector financiero, incluida la adopción de un plan estratégico. Además, se recomienda abrir el capital de la Bolsa Nacional de Valores y desligarla de las funciones de supervisión.

La tercera área tiene que ver con la mejora y diversificación de los productos que se ofrecen en el mercado de valores. Se propone, entre otras medidas, ampliar procesos de oferta pública restringida; revisar el régimen de inversión de los fondos de pensiones y otros institucionales y evaluar la necesidad de mercados especiales para acciones.

La cuarta área se refiere al control y adecuada gestión de los riesgos operativos, que abarca una revisión de los procedimientos de compensación y liquidación de valores y de las regulaciones sobre la posición propia de las entidades financieras.

Como puede verse, se trata de temas variados y complejos. En muchos de esos temas pueden lograrse avances importantes mediante cambios institucionales y reglamentarios. En tal sentido, si bien esperamos con atención la propuesta de reforma a la legislación anunciada por las autoridades, nos preguntamos cuánto se está avanzando en aquellas medidas y propuestas que pueden implementarse sin necesidad de reformas legales. Es vital para el desarrollo del mercado de valores que las autoridades informen y rindan cuentas al respecto.

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