Contrario a la opinión de un conjunto de economistas a la que hace referencia el editorial de la semana pasada, en el sentido que “este no es el momento propicio para pensar en una reforma fiscal”, estoy convencido de que las acciones administrativas que estamos tomando deben complementarse desde ya con el diseño de un programa de consolidación fiscal.
Hacienda se ha abocado a aumentar la recaudación y recortar el gasto corriente mediante acciones administrativas, incluyendo mejoras en el control tributario, adopción de mejores prácticas en transparencia fiscal e incorporación de indicadores en el presupuesto para mejorar la calidad del gasto público.
Simultáneamente a este proceso de logros administrativos, estamos abocados a preparar un programa de consolidación de las finanzas públicas que permita llevar el déficit fiscal a un nivel sostenible (alrededor de un 2% del PIB) en los próximos cuatro o cinco años. La preparación de este programa se inició en enero de este año con una consulta a sectores académicos y especialistas en materia fiscal, la cual se extenderá a los principales sectores económicos y sociales del país en el último cuatrimestre del año, con el objetivo de converger en una propuesta de consolidación fiscal que pueda ser presentada a la Asamblea Legislativa para su discusión antes de mayo de 2014.
El país no debe esperar hasta la próxima administración para proponer un programa de consolidación fiscal. Debemos buscar una solución fiscal que garantice la estabilidad en el mediano plazo y fortalezca nuestro modelo de desarrollo inclusivo, base del pacto social que nos ha caracterizado en los últimos 60 años.