Sobre la columna Contrapunto, titulada “Ambiente debe ser prioridad”, del señor Lenín Corrales (investigador del capítulo “Armonía con la naturaleza” en el XIX Informe de la Estado de la Nación ), publicado en EF, en la edición 956, del 27 de enero anterior, nos permitimos esclarecer lo siguiente:
El investigador cataloga a la Oficina Nacional Forestal (ONF) dentro de “las instituciones rectoras de la biodiversidad y ambiente del país que ocupan lugares no muy halagadores en el Índice de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría”. No podemos tapar el sol con un dedo. Ciertamente, la ONF está en una posición desfavorable dentro del IGI (en la posición 143 de 166), lo cual es lamentable.
Nuestro quehacer es fomentar la competitividad de la actividad forestal costarricense privada, con el fin de garantizar su sostenibilidad y rentabilidad. Operamos bajo cuatro objetivos estratégicos orientados en el desarrollo de competencias, fortalecimiento, fomento y posicionamiento de nuestro sector.
En comparación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Ministerio de Comercio Exterior o el Banco de Costa Rica (BCR), la ONF es un ente pequeño. Para llevar a cabo nuestro trabajo, no requerimos de un contador de planta ni un ostentoso departamento de tecnologías de la información; tampoco necesitamos contratar a un auditor interno, mucho menos a un auditor de servicios, puesto que no brindamos atención al usuario.
Indicador que no aplica
En varias oportunidades, hemos hecho del conocimiento de la Contraloría que el modelo de IGI no mide adecuadamente la gestión de entidades pequeñas como la nuestra, que únicamente cuenta con cinco funcionarios. Hemos expresado nuestra inquietud sobre el sistema de evaluación binario. En la mayoría de los ítems solo se permite indicar un “sí” o “no”, pues no contempla la opción “no aplica”. Si se indica “no”, el modelo interpreta que esa función o responsabilidad no se cumple.
No se puede venerar al Índice de Gestión Institucional, ya que en el mismo informe se indica que “los factores en cuestión no garantizan por sí solos el éxito en la operación”. Además, se manifiesta que “…el IGI permite obtener una visión general del nivel de fortalecimiento de la capacidad de la gestión pública, verificando la existencia de esos factores en las entidades contempladas, sin evaluar su grado de aplicación y cumplimiento…”; es decir, no pondera la ejecución ni el cumplimiento de la correcta gestión pública.