En Febrero 1972, el presidente estadounidense, Richard Nixon, puso pie en China. Fue la culminación de un emprendimiento estratégico tanto genial como totalmente inesperado. Nixon, vehemente guerrero de derecha y férreo anticomunista, restablecía relaciones con el país “rojo” más populoso del mundo.
La trascendencia del acto fue monumental. Permitió, casi de manera inmediata, desenmarañar la negociación hacia el fin del conflicto en Vietnam. También alteró drásticamente los cálculos geopolíticos de la Guerra Fría, ayudando a consolidar el quiebre sino-soviético, a favor de un panorama menos complicado e inestable.
De todo nació el popular calificativo de agendas o iniciativas al molde de “Nixon-va-a-China”, es decir, aquellas reformas estructurales en una democracia, principalmente económicas o de política exterior, impulsadas por líderes cuyo trasfondo ideológico –y por ende, su base electoral– hace de ellos promotores inesperados.
Requieren audacia. Siempre conllevan un costo político alto, irreversible en muchos casos. Aunque nunca haya garantía de que vayan a resultar, si lo hacen, pueden transformar paradigmas. Notablemente también se caracterizan por ser emprendimientos que difícilmente se habrían logrado de ser fomentados por líderes más afines a sus tradicionales caudales de promoción política.
¿Por qué? Porque tienden a causar en su oposición una repulsión tan fundamental y acérrima. Por eso los economistas Alex Cuckierman y Mariano Tommasi, cuyo trabajo ha sido fundamental para entender el fenómeno, han encontrado una correlación importante en las democracias entre reformas substanciales de índole económica y política exterior, y una reversión (o “marcha atrás”) en la plataforma política del partido en el poder.
Otro ejemplo de esta dinámica de “Nixon-va-a-China” ocurrió con la política económica de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil. Cuando fue elegido en el 2002, la expectativa era que impulsaría iniciativas afines a la ideología de izquierda de donde surgió. Lo que hizo, en vez, fue incluir entre sus prioridades reformas económicas pro mercado libre. Se comprometió con las obligaciones de su país con organismos financieros internacionales.
Hoy por hoy, en nuestro país, también se está gestando una de estas situaciones con la pugna entre el Gobierno y Sintrajab. Nada está resulto aún, pero hay que admitir que la firmeza con que la Administración Solís reaccionó inicialmente ante el intento de descarrilar el contrato fue sorprendente, por no decir impresionante. Inclusive, si bien es cierto que recientemente se mostró más maleable en las negociaciones, eso no le resta al Gobierno el hecho que se mantiene firme en su compromiso con defender el contrato.
Sin embargo, también hay que reconocer que la presión sobre este ha sido mucho menor de lo que podría haber sido de no ser Luis Guillermo Solís presidente y el Partido Acción Ciudadana oficialista.
Imagínense el gobierno de Óscar Arias o Laura Chinchilla ante una situación similar. Si el repelo de Sintrajab es acérrimo ahora, habría sido acídico en esos casos, básicamente a “quematierra”. El apoyo sindical estaría con frente cerrado y refortalecido. La presión vendría también, con fuerza y ganas, desde una variedad más amplia de grupos de sociedad civil y de partido políticos más allá del Frente Amplio (incluido el propio PAC).
No es una exageración sugerir que se habría tornado en una lucha abierta de connotaciones socioeconómicas mayores. Y menos aún es una exageración proponer que la discusión de otras “vacas sagradas” del sector público, como por ejemplo la convención colectiva en Recope, estaría enterrada desde ya. Algo que no es el caso con la Administración Solís. Precisamente, a partir de esto, se puede deshilar una dinámica que bien y sabiamente haría el gobierno en explorar.
Departamos de una premisa que el 2014 dejó clara: para muchos observadores, yo incluido, esta administración es confusa en materia económica e irresponsable en disciplina fiscal. Su inexperiencia e ingenuidad se delatan fácilmente. Podemos ir más allá. Dentro del gobierno, así como dentro de su bancada en la Asamblea Legislativa, se puede detectar cierta desconfianza y hostilidad hacia el sector privado. Hay elementos claramente motivados por un izquierdismo radical. En ocasiones, como con el asunto del levantamiento del veto de reforma procesal laboral, el mismo presidente ha emitido señales que ponen el pelo de punta.
La economía de Costa Rica va a sufrir por todo eso. Sin embargo, hay ciertas temáticas en las que el Gobierno tendría la oportunidad de contrarrestar lo nocivo de esa dinámica. Esto debido a que puede avanzar en aquellos temas país en los que otros gobiernos difícilmente tendrían chance de siquiera alcanzar siquiera un pie de playa. Tal como lo demuestran ese tipo de emprendimientos de “Nixon-va-a-China” con Japdeva y Recope.
Justo esa mi esperanza para el 2015: que el Gobierno logre mejorar su juego político para aprovechar más esas oportunidades. Opciones en donde hacerlo sobran en verdad. Promover una comprensiva ley de empleo público, por ejemplo. A menor chance también estaría la ley de contingencia eléctrica, con una apertura más amplia a la generación privada en el mercado eléctrico.
Espero el Gobierno entienda al menos este punto básico: avanzar en temas sensibles, con emprendimientos de “Nixon-va-a- China”, podría brindarle ganancias de apoyo político en otros frentes más centrales a su núcleo política y que hoy enfrentan un panorama sumamente complicado, como por ejemplo, una reforma fiscal.