Reforma al Conavi


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El Poder Ejecutivo ha anunciado su intención de transformar el Conavi y el CNC en el Instituto Nacional de Infraestructura (INI). Ante este escenario, es importante aportar a la discusión y señalar al Gobierno puntos críticos de una reforma que permita recobrar la confianza de los ciudadanos y, a su vez, consolidar un marco de inversión pública compatible con principios de responsabilidad fiscal.

Expectativas ciudadanas . Lamentablemente, la discusión nacional es tomada reiteradamente por quienes, intencionalmente o por desconocimiento, venden a la ciudadanía soluciones simples que parecen no requerir de ningún esfuerzo del país y mucho menos una participación del sector privado. Ejemplos sobran: “Ahí está el dinero de las pensiones”, “Con los créditos internacionales es suficiente”, “Con el impuesto sobre los combustibles es suficiente”, “Los fideicomisos nos garantizan obras cuasi-gratuitas”, “Las concesiones no son necesarias porque las carreteras ya están construidas”, etc. Vale la pena recordar que mientras el presupuesto del MOPT ronda el 1,2% del PIB, los requerimientos anuales de inversión podrían triplicar dicho monto (3,7% del PIB de acuerdo con el PNT 2011-2035). Así, el Gobierno tiene que ser claro en cuanto al alcance de la reforma, ya que algunos sectores podrían tomarla como el anuncio de esa “solución mágica”.

Papel del Ministerio de Hacienda . En Costa Rica, el tema infraestructura es considerado por muchos como un tema exclusivo del MOPT, dejando de lado su vinculación con la política fiscal del país. En este sentido, experiencias de naciones como Reino Unido, Australia y Corea del Sur basan su éxito en políticas que, además de permitir una ejecución eficiente y transparente de los recursos, promueven la programación de las erogaciones futuras que deberán realizar usuarios y/o contribuyentes para la efectiva operación, mantenimiento y gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto (20-30 años).

En términos costarricenses, esto sería: el MOPT mantiene su rol en la selección y planificación de las obras por realizar (en corto y largo plazo), pero una Unidad adscrita al Ministerio de Hacienda (pequeña de 10-15 personas con adecuados recursos) sería la encargada de determinar cuál es el modelo de gestión y financiamiento óptimo para cada proyecto en particular. Asimismo, esta Unidad tendría la responsabilidad de educar al sector público en la estructuración y fiscalización de los diversos esquemas (estatal o alianza público privada). Puede existir un debate en torno a si el Ministerio de Hacienda es la ubicación ideal para dicha Unidad, pero debemos estar claros en la urgencia de separar la función de planificación de la decisión de selección del modelo de financiamiento y gestión.

¿Con qué modelo?

Selección del Modelo . Ahora bien, ¿cómo seleccionar el modelo óptimo para cada proyecto? En lugar de seguir perdiendo años en un debate estéril y cargado de matices ideológicos “concesiones vs. deuda vs. fideicomisos”, debemos adoptar metodologías técnicamente fundamentadas. Las mejores prácticas internacionales señalan el criterio de Valor por Dinero (VfM), el cual considera para las diversas opciones de provisión (Estatal o APP) los costos totales y riesgos de ciclo de vida, ajustados ambos por el potencial sesgo optimista de quienes promueven el proyecto. De este modo, se estima el costo de ciclo de vida en el caso de que el proyecto fuese desarrollado enteramente por el Estado (comparador del sector público) y se compara con mecanismos alternativos, seleccionando aquel que optimice la relación costo/beneficio para el usuario y el fisco.

Subsidios y garantías . El Reino Unido (HM Treasury) ha incorporado dentro de su Plan Nacional de Infraestructura (PNI) un esquema de garantías y asistencia de aproximadamente $70.000 millones que busca impulsar aquellos proyectos que sin intervención del Estado serían inviables o bien requerirían de tarifas incompatibles con el ingreso de los usuarios. Las garantías tienen un costo establecido de acuerdo con los precios de mercado y es aplicable a proyectos que: i) formen parten del PNI, ii) inicien construcción en un máximo de 12 meses, iii) incluyan aporte de capital por parte de la empresa impulsora y iv) demuestren Valor por Dinero (VfM).

Este es un mecanismo interesante que permite multiplicar la cantidad de proyectos que puede realizar el Estado con una determinada cantidad de recursos. Sin duda un modelo interesante para Costa Rica que facilitaría los flujos de inversión a proyectos de obra pública, optimizaría el uso de los escasos recursos públicos y a su vez permitiría cumplir objetivos como el establecimiento de tarifas adecuadas para el nivel de ingreso de los potenciales usuarios.

La ciudadanía demanda reformas al sector infraestructura, pero en aras de una discusión seria es necesario romper el horizonte de cuatro años, dejar de lado sesgos ideológicos, compatibilizar la inversión en infraestructura con la sostenibilidad fiscal y, sobre todo, comunicar de manera clara el esfuerzo económico que debemos realizar como país para contar con más y mejores servicios.

Sostenbilidad y financiamiento