En esta época, es cada vez más frecuente que las empresas se vean desafiadas y motivadas a definir un propósito superior y asegurar su cumplimiento, como requisito para ser preferidas en el mercado y especialmente apreciadas como aliadas del bienestar de las personas y las comunidades.
Definir su propósito y actuar en consecuencia, es una práctica de mayor rango y prioridad que la generación de utilidades. Estas se proyectan como empresas interesadas en aportar –no solo en recibir– que procuran un alto desempeño, a las que les preocupa diferenciarse de otras por su sentido de responsabilidad con las personas, con su entorno y por ser verdaderamente valiosas ante sus distintos públicos de interés, la comunidad y el ambiente.
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Sus colaboradores, en primera instancia, son los principales fiscalizadores de que ese propósito sea auténtico e inspirador, de que se persiga sostenidamente y testifique la sinceridad de la búsqueda del bienestar para todos. Pero, también, los clientes serán atraídos y retenidos por compartir valores suyos con los de la empresa, más allá de las calidades intrínsecas de los productos o servicios.
Igualmente, los públicos de interés podrán participar y contribuir proactivamente en la multiplicación de los efectos del propósito, afianzando la idea central de impulsar ese mundo mejor, más sensible, más humano y más equitativo.
Empero, mejores empresas requieren de ese comportamiento ciudadano responsable. El mercado le exige más a quienes definen su razón de ser y promueven sus marcas basadas en una aspiración superior. Para creer en sus propuestas, deben demostrar que son sistemáticos y consecuentes. Y no podría ser de otra forma.
Parte de la responsabilidad con la comunidad pasa por el cumplimiento de obligaciones de calidad, legalidad y tributarias, por la administración de sus emisiones, la protección al ambiente y a la dignidad de las personas en general. De manera que el prestigio y el buen nombre de sus marcas –sustentos de su éxito empresarial–, se construyen y consolidan con base en la confianza que despiertan sus acciones ciudadanas y comerciales ejemplarizantes.
En Costa Rica, el marco jurídico es muy complejo, por lo que se requiere: tener conciencia del alcance de la legislación que regula esos diferentes ámbitos de operación y una estrategia que asegure su cumplimiento, buen desempeño y disminución de riesgos.
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El cumplimiento
En ese afán, deben formularse políticas y estrategias claras, concisas y que orienten las decisiones dentro de un estado del cumplimiento de los principios y normas internas como las establecidas en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, aseguramiento normativo en temas de salud, ambiente, derechos laborales, fiscales, actividades comunitarias y otras especificaciones de su sector de negocios.
Las empresas responsables son consecuentes con sus postulados, estableciendo políticas internas que guían sus actuaciones y reafirman su capacidad de satisfacer sus planes específicos, metas y mediciones. Su capacidad de cumplimiento será congruente con sus estatutos y principios de gobierno corporativo y mantendrá a la organización dentro del ordenamiento jurídico que regula su actividad.
De igual forma, se recomienda establecer indicadores de desempeño que verifiquen que sus actividades estén dentro de lo esperado, o levante alarmas tempranas, cuando algo se sale de control.
Estas empresas, y muchas otras, se sustentan en los conceptos de “Compliance” para garantizar el correcto cumplimiento de sus metas y propósitos con apego a sus principios y a su responsabilidad, pero también minimizando los riesgos de incongruencia entre los compromisos adquiridos con el mercado, con sus colaboradores, con la comunidad y sus regulaciones.
Es decir, la congruencia que debe existir entre las acciones reales ejecutadas en cada momento y el cumplimiento de sus propias restricciones así como las que regulan el ejercicio de su negocio y sus fines.
Las organizaciones responsables se enfocan en su propósito. Son coherentes entre lo que se ofrece y lo que se hace. Pero eso no será posible sin estar respaldados por una auditoría preventiva, sistemática y constante de “Compliance”, que mantenga vigilancia e identifique alertas, de cara a la consistencia del desempeño con las propuestas del gobierno corporativo, la estrategia, sus políticas internas, regulaciones laborales, éticas, fiscales, normativas de orden público, de sostenibilidad, ambientales y otras legales o de bienestar ciudadano.