OPINIÓN

Mantenemos la calificación de deuda soberana pero urgen reformas tributarias


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El 22 de enero, la calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que decidió mantener el rating en BB+ de los bonos costarricenses en moneda local y en moneda extranjera de largo plazo, después de realizar la revisión anual de la “calificación soberana” de Costa Rica, lo que manifiesta la confianza de los analistas internacionales en la política fiscal actual.

No obstante, hubo una clara advertencia al pueblo costarricense sobre la necesidad de tomar decisiones tributarias en el corto plazo, y ello se reflejó en la modificación de la perspectiva de calificación de estable a negativa. Por tanto, deseo referirme a este tema, aclarar algunos conceptos y reflexionar sobre las acciones a seguir.

Las calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, son sociedades anónimas establecidas con el objetivo de calificar valores mobiliarios y otros riesgos, entre ellos, bonos soberanos, facilitando en el mercado de capitales la toma de decisiones por parte de los inversores.

En general, a nivel internacional todas usan un sistema estándar de calificación o rating . Por ejemplo, un bono calificado como “AAA” representa la máxima calidad crediticia y una nota “D” representa títulos en situación de incumplimiento. Entre estos dos extremos, las calificaciones se dividen a su vez en dos categorías: los bonos calificados desde AAA hasta BBB, que se consideran “grado de inversión”, en tanto los calificados entre BB y C son emisiones “grado especulativo” o “sin grado de inversión”.

Por su parte, como señala Fitch en su página web, “la perspectiva de una calificación” es otro tipo de indicador y con efectos menos inmediato que indica la posible dirección en que se podría mover una calificación en un periodo de 12 a 18 meses. En ese sentido, la perspectiva puede ser positiva, negativa o estable, y refleja tendencias financieras o macroeconómicas que no se han consolidado aún al nivel de disparar un cambio de calificación, pero que podrían hacerlo si dicha tendencia se mantiene.

Por lo tanto, Fitch Ratings reafirmó nuestra calificación en BB+, nuestra capacidad de solvencia para hacer frente a nuestras compromisos ante los acreedores, pero varió la perspectiva a negativa, pues pese a los esfuerzos realizados por este Gobierno para incrementar la recaudación y los controles del gasto, deben ser complementados con herramientas legales que permitan una mayor reducción del déficit fiscal del Gobierno Central.

Cómo señaló la firma calificadora, ese cambio en la perspectiva fue determinado principalmente por los altos déficit fiscales acumulados en los años previos, bajo dinamismo en la actividad económica y dificultades de implementar reformas fiscales en la última década.

Llamada de atención

Dado lo anterior, deseo anotar tres aspectos muy importantes: i) Hubo un esfuerzo importante en el 2014 para lograr ubicar el déficit fiscal en 5,7% del PIB cuando la estimación inicial se ubicó en 6,3%, principalmente con mejoras en gestión tributaria y contención de gastos. ii) El menor dinamismo en la economía no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, pues nos encontramos en un contexto de tasas de crecimiento económico bajas. Para el 2015 el Gobierno tiene como meta impulsar el crecimiento económico y empleo mediante mayor inversión pública en sectores vitales como energía, transportes, salud y seguridad, así como mediante la inversión extranjera directa. iii) Como lo han señalado Fitch y organismos multilaterales, es necesaria la aprobación en el Congreso de los proyectos de Lucha contra el Fraude y el Proyecto Anti Contrabando, que fueron enviados en 2014, así como los proyectos de impuesto al valor agregado (IVA) y a la renta global que están por enviarse en marzo.

El costarricense debe entender que el pronunciamiento de Fitch Ratings es una llamada de atención, pues revela la urgencia que tiene el país de implementar la reforma tributaria propuesta por esta Administración. Estas medidas también son necesarias para encauzar la deuda pública en una senda sostenible en el mediano y largo plazo. Fitch mantuvo la calificación de la deuda soberana como lo he señalado, sin embargo, de no concretarse estos proyectos en leyes de la República por parte de la Asamblea Legislativa, en el corto plazo, el país podría arriesgarse a perder esta calificación y la emitida por otras agencias calificadoras.

Debemos tener presente que estas acciones son parte de la agenda que tiene el país para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas y actividad económica por medio de un acuerdo fiscal con desarrollo social, en la que se requiere la participación responsable de todos los sectores.

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