Opinión: Rigor en las iniciativas


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Con cierta frecuencia hemos visto debates concernientes al destino y uso de las utilidades de los Bancos del Estado. Sobre este tema, suele reclamarse, ¿para qué tantas utilidades? ¿Por qué no mejor las destinan a otros fines sociales? ¿por qué no bajan los precios o tasas en los créditos? ¿Por qué los bancos del Estado no dan tasas cero a ciertos sectores sociales?, etc.

No podemos criticar estas posiciones por ponerlas en la mesa, pero sí es un tema sensible que, de no tratarse en forma rigurosa, seria e informada, nos puede llevar a la adopción de acciones erróneas que no son las más convenientes para el funcionamiento de nuestro sistema financiero.

En primer término, mi percepción es que las preguntas que antes invoqué no suelen incluir la responsabilidad más importante que tiene un banco, tal vez por la razón de que en nuestro país ya han pasado bastantes años sin que ocurra una crisis financiera. Así, podemos decir con absoluta certeza y claridad, que la responsabilidad más señalada y crucial de un banco es cuidar los depósitos del público y devolvérselo cuando lo requiera.

Esto es esencial comprenderlo con claridad, a efecto de entender de seguido la importancia de las utilidades en una entidad financiera, sea pública o privada. En ese orden de ideas, tenemos que, dado que es posible que ante determinadas circunstancias los depositantes retiren sus recursos de un banco, la normativa prudencial (principios de Basilea) exige que no se puede tomar la totalidad de esos depósitos para prestarlos, o sea, un porcentaje de esos depósitos tienen que estar disponibles al público ahorrante.

Aquí es donde se mide con gran rigor un indicador que se denomina “suficiencia patrimonial”, el cual se elabora a partir de la medición de diversos activos con los que cuenta un banco y que, en resumidas cuentas, debe arrojar un resultado o porcentaje de solvencia.

Baste por ahora señalar que la normativa prudencial determina que, para los efectos de conceder un crédito, una parte del mismo debe ser fondeado con recursos propios del banco dado que, como se dijo anteriormente, un porcentaje debe estar disponible para retiros del público, de manera que si un banco no tiene suficientes recursos o fondos propios, aunque tenga dinero del público no podría llevar a cabo su función social de prestar esos recursos.

En el caso de Costa Rica, tenemos que en nuestro país de cada ¢1.000 que se prestan, ¢100 tienen que ser propiedad de la entidad.

Gruesos aportes

En el caso de los bancos del Estado la situación actual hay que observarla con suma preocupación. Parece que al aprobarse leyes no se ha tenido un panorama claro y técnico sobre las situaciones antes expuestas y se han grabado las utilidades al punto que hoy la banca aporta un 53% y para el año 2017 alcanzará el 63%. Véase: 10% para Infocoop; 5% a Conape; 3% a la Comisión Nacional de Emergencias; 15% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (actualmente en un 5% que se irá incrementándose hasta el 15%) y 30% por impuesto sobre la renta.

Como no se le puede decir a los depositantes que no es posible no devolverle sus depósitos, la función social que se afectaría es la de concesión de créditos. También es motivo de preocupación el hecho de que hay varios proyectos de ley más en la corriente legislativa que echan mano de las utilidades de los bancos del Estado para el cumplimiento de otros fines sociales que, aunque nobles como los anteriores, atentan precisamente contra la razón de ser de los bancos.

Si no hay utilidades o si estas no son suficientes, los bancos del Estado no podrán otorgar créditos o irán perdiendo competitividad; tenderán a hacerse más pequeños, salvo que el Estado los capitalice lo cual no parece ser una opción viable ahora.

Además, es importante tener claro que hoy en día los bancos del Estado no tienen sus inversiones en el exterior, en el caso del Banco de Costa Rica (BCR), más del 90% están en inversiones en esta plaza (el otro 10% se requiere para atender compromisos financieros con bancos corresponsales), por lo que tampoco se está presentando ahora una situación de exceso de recursos en el exterior; están aquí en Costa Rica.

Para estos recursos hoy en día existe suficiente demanda. Solo el BCR y el Banco Nacional colocan en el mercado financiero nacional más de ¢100.000 millones por mes, siendo esta la inyección de financiamiento que los ciudadanos y empresas de todo tamaño requieren para la satisfacción de sus necesidades financieras. Lo anterior implica que más de ¢10 millones de esos ¢100.000 millones que se prestan deben ser propiedad de los bancos, por mes.

De ahí que, las interrogantes planteadas se deben despejar señalando que las utilidades en los bancos del Estado son esenciales para cumplir con su función social de atender las necesidades financieras de los usuarios del sistema financiero, a precios que reconozcan razonable y prudentemente los riesgos de cada sector, con el propósito de evitar incrementos en la mora y lograr el fortalecimiento de la institución para su preservación en el largo plazo y de las futuras generaciones.

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