La dictadura de la calle o la democracia de los acuerdos


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La dictadura de la calle o la democracia de los acuerdos... Suena como una alternativa entre extremos, pero muy probablemente a ella nos enfrentemos. Por eso es tan grande la responsabilidad del señor Presidente, quien la buscó y ganó con una mayoría contundente. Él es el conductor elegido para liderar las soluciones que hoy nuestros problemas exigen.

Es clara la magnitud de los riesgos que enfrentamos. Y también es claro que no son fruto solo de los últimos 15 meses de gobierno. Pero eso en nada alivia ni la urgencia ni la responsabilidad de enfrentarlos adecuada y urgentemente.

Si dejamos continuar la tendencia fiscal de los últimos siete años, el peso de la deuda pública –que crece aceleradamente respecto a un PIB que aumenta con lentitud– casi que inexorablemente nos conducirá a una gran crisis financiera y de producción. Ya el desempleo está en máximos históricos. Ya llevamos 21 años sin que la pobreza se reduzca. Y somos uno de los pocos países de América Latina en los que la desigualdad aumenta. Así que esa crisis nos encontraría débiles, hundiría numerosas familias en la miseria y crearía condiciones sociales, económicas –tal vez incluso políticas– que producirían gran sufrimiento humano y que tomaría muchos años resolver.

La magnitud del problema obliga a enfrentarlo con todos los instrumentos disponibles. Esto nos compete a todos, pero especialmente al Señor Presidente y a la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que el ajuste fiscal requerido es de un 3,75% del PIB, del cual 1,5% debe provenir de los gastos y 2,25% de impuestos.

Sabe el señor Presidente que si no se reducen de manera sostenible los exagerados gastos, privilegios y prebendas del sector público, no se van a aprobar los impuestos. También se sabe que las reformas deben preservar el gasto que promueva el crecimiento y evitar los impuestos que más lo obstaculicen, pues un buen crecimiento favorece el empleo y la reducción de la pobreza, y además genera más ingresos al gobierno.

Está en manos del Presidente presentar un presupuesto restrictivo del gasto, ajustado a la realidad nacional, y que tome medidas similares respecto a los entes descentralizados. Para ello bastan unas pocas medidas: 1) que responsabilice a sus ministros, y estos al personal a su cargo, de que las anualidades por méritos solo se den a empleados que de verdad los merezcan (¿25 o 35%? de los trabajadores) y no a quienes simplemente cumplan sus obligaciones (y muchas veces ni eso), y de que la dedicación exclusiva solo se otorgue cuando el puesto, por sus muy especiales características, lo requiera; 2) que haga responsables a los ministros de no presupuestar y no ejecutar gastos que puedan ser pospuestos o eliminados sin afectar la esencia del servicio prestado; 3) reducir el gasto total en relación al PIB en 0,6 puntos, y que el gasto corriente no crezca en términos nominales (cualquier margen de aumento solo se aplicará a inversión); y 4) emitir una directriz a los entes autónomos para que actúen de igual manera en sus presupuestos y gastos.

En el ínterin, los diputados de oposición, por acuerdo con el Presidente, aprueban las leyes para mejorar la recaudación tributaria y combatir el contrabando y la evasión fiscal y leyes para poner tope a las pensiones con cargo al presupuesto, limitar su crecimiento anual y aumentar los impuestos progresivos a las más elevadas.

Con estas medidas tendrán toda la fuerza, el Gobierno y la oposición, para resistir la presión callejera ejercida por los interesados directos en el gasto y para aprobar gradualmente y pari passu en la Asamblea Legislativa: 1) las modificaciones a los impuestos que den el resto del aporte necesario para evitar el caos y alcanzar el bienestar; 2) leyes que, para impedir que se vuelva a generar el desequilibrio actual, regulen los pluses en el empleo público, hagan las modificaciones con ese fin al Servicio Civil y a las reglas de personal de los entes descentralizados, y aseguren que se cumpla la disposición constitucional de no financiar con endeudamiento el gasto corriente; 3) reglas fiscales que garanticen que la actividad fiscal sea anticíclica para limitar el crecimiento del gasto y los déficit en los períodos de alto crecimiento económico, y ahorrar para permitir su incremento durante años de bajo aumento del PIB, claro, en gasto no recurrente (en el pasado, las llamé garantías económicas); y, 4) cambios para una mejor gobernabilidad fiscal que se cumpla: relación planificación, presupuesto por metas y verificación para lograr una presupuestación basada en desempeño; presupuestos de inversión plurianuales; control legislativo de las normas y montos globales del gasto gubernamental incluyendo entes autónomos y eliminar las fijaciones legales de gastos.

Así, se logra un ajuste equilibrado de las finanzas públicas afectando gastos e ingresos, se controlan disparadores del gasto y se dan garantías de que el déficit fiscal no será recurrente.

El miedo es el principal enemigo de alcanzar y ejecutar un acuerdo similar al descrito, u otro que logre los mismos fines de eficiencia del gasto, ajuste fiscal, promoción del crecimiento y garantías de no volver a padecer los mismos males. El miedo a las manifestaciones callejeras de quienes solo defienden sus exclusivos e inmediatos intereses. El miedo al costo inmediato y los inconvenientes que así se provocan.

Sin embargo, con dictadura en las calles no se puede llegar a acuerdos. Yo sé bien que con manifestaciones manipuladas con la mentira, no se puede esclarecer la verdad. La gritería y las pancartas no producen negociaciones ni acuerdos. Si solo gritamos, no podemos oír. Si no se puede oír, no se puede negociar ni acordar nada.

En cambio, el ejercicio democrático de una negociación liderada por el señor Presidente, entre el Gobierno junto con su partido y los partidos de oposición, si puede producir las soluciones que conjuren los peligros, eviten el caos y nos enrumben a la prosperidad.

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