Poder Judicial responde a reportaje sobre inequidad salarial


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En relación al artículo titulado “Las instituciones con la mayor inequidad salarial. Poder Judicial es la entidad con más desigualdad en salarios”, aparecida en la edición 1065, del 29 de febrero anterior, el Poder Judicial responde.

LEA: Estas son las instituciones con la mayor inequidad salarial.

En primer término, debemos indicar que este medio no nos permitió contestar en tiempo y forma las consultas remitidas el 22 de febrero del 2016 pues se enviaron a una cuenta de correo electrónico que no corresponde al Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, sino a una cuenta a la que únicamente tiene acceso la encargada de prensa de la Sala Constitucional y, según la funcionaria, la solicitud no fue recibida. Derivado de lo anterior, fuimos enterados de la solicitud el 1° de marzo cuando ya la información fue publicada.

En la noticia se destaca al Poder Judicial como una de las instituciones públicas con una distribución más inequitativa de sus salarios. Sobre los alcances, me permito indicar lo siguiente:

El tema de remuneraciones en cualquier empresa o institución tiene como único sustento final mantener los principios de equidad, equilibrio y consistencia interna: asignar a cada cargo la remuneración salarial según el análisis de una serie de factores tales como responsabilidad, complejidad, variedad, tramo de control, experiencia, requisitos académicos y condiciones ambientales, variables que van a tener una mayor incidencia en un puesto que en otro.

El objetivo del análisis de un puesto en el enfoque de compensaciones salariales, consiste en llevar a cabo una evaluación de los cargos, proceso que consiste en analizar y comparar el contenido de los cargos (qué es lo que se hace en el puesto y cómo se hace; las tareas que se desempeñan y cómo se desempeñan, y los requisitos necesarios para desempeñarlo), con el fin de colocarlos en un orden de jerarquización, que servirá de base al sistema de remuneración. Se puede decir, entonces, que la evaluación de los cargos se relaciona con el valorar que se le otorgará a cada puesto; lo cual se traduce al nivel en que se ubicará el puesto dentro de la estructura salarial.

La evaluación de los puestos permite también establecer de forma precisa y diferenciadora las características fundamentales y comunes de cada puesto o conjunto de ellos, con el fin de poder establecer la naturaleza de cada cargo, así como determinar el conjunto de tareas, condiciones y requisitos necesarios para que sean desempeñados adecuadamente.

Se tiene entonces que la compensación salarial está estrechamente relacionada con el concepto de “consistencia y equidad interna”. El concepto de consistencia y equidad interna tiene su fundamento en el precepto legal que establece que “a trabajo igual, desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder también un salario igual”. La consistencia o equidad interna hace referencia, como ya se ha mencionado, a las comparaciones entre los puestos de trabajo que presentan algunas similitudes. Para su análisis, se toma como base el contenido del puesto, las habilidades para hacerlo y la relativa contribución del trabajo a los objetivos generales de la organización.

Otro elemento fundamental que utilizan las organizaciones para establecer o mantener la consistencia de la estructura salarial, es la revisión de las remuneraciones que perciben cargos similares en el mercado externo, considerando para ellos los salarios oficiales de empresas públicas y privadas.

Constitución interna

El Poder Judicial está integrado por una serie de poblaciones muy particulares, las cuales desempeñan sus funciones en condiciones, procesos de trabajo, objetivos, estructuras y requisitos muy diferentes unos de otros.

Podemos señalar que encontramos prácticamente instituciones que responden a etapas y procesos diferentes dentro de la administración de justicia. Importante mencionar: la Judicatura, la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y, sin dejar de lado, todo el sector administrativo.

Es así, que podemos afirmar que el Poder Judicial presenta una serie de particularidades que lo hacen diferente al resto de las instituciones públicas (como el INA, AyA, Recope, CNP instituciones que fueron consideradas para el análisis y utilizando como herramienta de comparación la metodología del coeficiente de Gini), toda vez que está constituido por tres ámbitos: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, que cumplen roles diferentes, aspecto que ha implicado agrupar para efectos salariales las 210 clases de puesto existentes bajo un mismo índice salarial vigente, a pesar de que las actividades y funciones que se desarrollan en cada institución son esencialmente particulares a su campo de acción y competencia.

Concordante con lo señalado y, precisamente, con el fin de mantener equilibrada la estructura ocupacional y otorgar la correcta ubicación de los 11.695 de esos cargos ordinarios dentro de la estructura salarial –y además mantener la equidad interna entre ellos y el resto de la escala salarial–, se han establecido los siguientes grupos ocupacionales: operativo, apoyo administrativo, técnico administrativo, técnico especializado, técnico jurisdiccional, escalafón policial, jefaturas, coordinadores profesionales, jueces fiscales defensores y estrato gerencial.

Así entonces, los grupos ocupacionales técnicamente se encuentran diferenciados por el tipo de actividades u ocupaciones que reúne (las cuales contemplan variedad de tareas), además por los conocimientos y competencias requeridas para la ejecución de cada una de ellas.

Cada grupo ocupacional identificado engloba una serie de perfiles competenciales semejantes. Una de las ventajas al establecer la definición conceptual de los grupos ocupacionales es la adecuada y ordenada administración de la estructura ocupacional de puestos de nuestra institución. Lo anterior, además de mantener la equidad interna y la consistencia de la escala salarial.

Cada una de las 210 clases de puestos que existen de carácter particular en nuestra institución tiene un componente esencial asociado a la actividad de este Poder Judicial. Los ocupantes de los puestos cumplen un rol relevante en el accionar de los despachos judiciales en los que se ubican, considerando la preponderancia de la gestión judicial a nivel de la institución, que requiere de un conocimiento especializado, por lo que los ajustes en las bases salariales, y concordante con los criterios técnicos, han compensado precisamente esas características que los hacen tan particulares, además de retener de esa forma el talento en procura de la optimización de los procesos.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que nuestra institución cuenta, hoy en día, con una gran variedad y gama de diferentes procesos de trabajo, los cuales están determinados por una cantidad significativa de profesiones y oficios que han garantizado a la fecha, la movilización horizontal y vertical de los servidores judiciales conforme la demanda institucional y los intereses particulares.

No dejemos de lado que el personal judicial garantiza un servicio continuo de 24 horas, con cobertura en todo el territorio nacional para enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico, homicidios, violencia doméstica, delitos contra la propiedad, entre otros.

La delincuencia no se detiene por lo que el trabajo es permanente y esto significa que el Poder Judicial debe retribuir a las personas trabajadoras por las implicaciones de la dinámica laboral impuesta con el costo que significa en las remuneraciones.

Política salarial

Ha existido un interés del gobierno de este Poder para ajustar los salarios siempre al menos en el costo de vida, mantener salarios competitivos y un liderazgo relativo en el sector público. Con respecto a este punto, debemos indicar que no siempre que hablamos de liderazgo relativo somos los que pagamos más.

Recordemos también que en el mercado salarial existen factores como los de la oferta y la demanda laboral, elementos que no son la base precisamente del sector público. Sin embargo, es necesario estar en una constante revisión para saber cuál es la posición de los puestos y tenerlos como referencia.

La encuesta salarial una de las herramientas que se utiliza para establecer la consistencia en la estructura salarial de puestos, a través de la revisión de las remuneraciones que perciben cargos similares en otras instituciones y empresas a nivel nacional, para lo cual es necesario valorar una serie de elementos como: el mercado laboral en el cual se desarrolla la organización, el tamaño de la organización (pequeña, grande o mediana), el tipo de organización (nacional o internacional), la actividad a la que se dedica, la zona geográfica en la que se ubica, entre otros, con el fin de determinar las empresas o instituciones que pueden considerarse para la comparación.

El Poder Judicial cada semestre recibe los resultados del comportamiento sobre remuneraciones salariales de alrededor de 360 empresas privadas y públicas, que permiten estar en un constante análisis sobre los puestos tipo de la institución con respecto a otros en el mercado nacional.

Se tiene entonces que el equilibrio de los salarios del Poder Judicial se obtiene de un balance entre las remuneraciones ofrecidas por el mercado, la consistencia interna, la política institucional y, por supuesto, la disponibilidad presupuestaria para hacerle frente a posibles erogaciones, y que difícilmente se van a encontrar dentro de las otras instituciones públicas puestos y estructuras organizativas iguales a la nuestra, lo cual implica que no se van a tener cargos con idénticas tareas, responsabilidades y requisitos. Por lo tanto, son elementos de peso que nos se pueden dejar de lado cuando realizamos análisis comparativos con las características y particularidades de este Poder Judicial.

Finalmente, son muchas las variables y los criterios técnicos que se deben considerar en materia de compensación salarial en una organización, por lo cual no es correcto lo consignado en la publicación, que señala: “Las causas de la fuerte inequidad salarial en el Poder Judicial transitan por el hecho de que en el 2008, los magistrados acordaron subir su ingreso en un 68%, junto al de otros funcionarios de ‘alta gerencia’. Esto generó un fuerte impacto en el presupuesto del Poder Judicial y en su sistema de pensiones, el cual vive una crisis”.

Sostenbilidad y financiamiento