La triplicidad de la desigualdad


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Laguna Beach. En las recién concluidas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, hubo no pocas desconexiones. Una de las más destacadas fue la disparidad entre el interés de los participantes en los debates sobre la desigualdad y la falta actual de un plan de acción oficial para que los gobiernos la aborden. Se trata de un fallo grave de la imaginación política... y que se debe abordar urgentemente.

Hay buenas razones para la intensificación del interés. Si bien la desigualdad ha disminuido entre los países, ha aumentado dentro de ellos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Ese proceso ha sido impulsado por una combinación de cuestiones estructurales y persistentes, incluidos el cambio de naturaleza de los avances tecnológicos, el aumento de las características inversoras como la de que “el que gana se lo lleva todo” y los sistemas políticos que favorecen a los adinerados, y con las fuerzas cíclicas ha adquirido proporciones propias de turbocompresores.

En el mundo desarrollado, la raíz del problema es una polarización política sin precedentes, que ha impedido reaccionar de forma exhaustiva y ha hecho recaer una carga política excesiva en los bancos centrales. Aunque las autoridades monetarias gozan de más autonomía política que los otros organismos encargados de la formulación de políticas, carecen de los instrumentos necesarios para abordar eficazmente los imperativos que afrontan sus países.

En tiempos normales, la política fiscal apoyaría la política monetaria, entre otras cosas desempeñando un papel redistributivo, pero estos tiempos no son normales. Como la paralización política bloquea una reacción fiscal apropiada –después de 2008, el Congreso de los Estados Unidos no aprobó un presupuesto anual, componente básico de una gestión económica responsable, durante cinco años–, los bancos centrales se han visto obligados a impulsar las economías artificialmente. Para ello, han recurrido a unos tipos de interés próximos a cero y a medidas heterodoxas como la relajación cuantitativa para estimular el crecimiento y la creación de empleo.

Además de ser incompleto, ese planteamiento favorece implícitamente a los ricos, que cuentan con una parte desproporcionadamente grande de los activos financieros. Entretanto, las empresas han ido volviéndose cada vez más resueltas en sus empeños por reducir sus cuotas tributarias, entre otras cosas mediante supuestas inversiones, con las cuales trasladan sus sedes a jurisdicciones en las que los impuestos sean menores.

A consecuencia de ello, la mayoría de los países afrontan un trío de desigualdades –de renta, riqueza y oportunidades–, que, si no se contrarrestan, se refuerzan mutuamente, con consecuencias de gran alcance. De hecho, aparte de sus consecuencias morales, sociales y políticas, ese trío entraña una preocupación económica seria: en lugar de crear incentivos para el trabajo denonado y la innovación, la desigualdad empieza a socavar el dinamismo económico, la inversión, el empleo y la prosperidad.

Como los hogares opulentos gastan una parte menor de sus ingresos y riqueza, una mayor desigualdad se plasma en un menor consumo total, con lo que entorpece la recuperación de unas economías que ya cargan con una demanda agregada insuficiente. Los altos niveles de desigualdad actuales impiden también las reformas estructurales necesarias para impulsar la productividad, al tiempo que socavan las medidas encaminadas a abordar las bolsas residuales de endeudamiento excesivo.

Se trata de una combinación peligrosa que socava la cohesión social, la eficacia política, el crecimiento presente del PIB y el potencial económico futuro. Esa es la razón por la que resulta tan decepcionante que, pese a una conciencia mayor de la desigualdad, las reuniones del FMI y del Banco Mundial, a las que asisten miles de encargados de la formulación de políticas, participantes del sector privado y periodistas, en las que se impartieron seminarios sobre la desigualdad tanto en los países avanzados como en las regiones en desarrollo, no tuvieran repercusiones de importancia en el programa normativo.

Urgen medidas

Las autoridades parecen convencidas de que no es el momento apropiado para una iniciativa válida a fin de abordar la desigualdad de renta, riqueza y oportunidades, pero lo único que se conseguirá con esperar será volver ese problema más difícil de resolver.

En realidad, se pueden –y se deben– adoptar diversas medidas para detener el aumento de la desigualdad. En los Estados Unidos, por ejemplo, una determinación política sostenida contribuiría a cerrar resquicios enormes en materia de planificación del patrimonio y herencia, además de hacerlo en la tributación de los hogares y las grandes empresas, que benefician desproporcionadamente a los ricos.

Asimismo, hay margen para suprimir el anticuado uso de gravar los fondos especulativos y los fondos de inversión privada con “participaciones en cuenta” con un tipo preferente. Se podría reformar mejor la fiscalidad de la propiedad de viviendas y su subvención, sobre todo los niveles de precios máximos, y se ha demostrado con argumentos poderosos que hace falta un aumento del salario mínimo.

Desde luego, semejantes medidas solo harán alguna mella en la desigualdad, si bien importante y visible. Para intensificar sus efectos, se necesita una postura más amplia en materia de política macroeconómica, con el objetivo explícito de revigorizar y reformular las medidas de reforma estructural, impulsando la demanda agregada y eliminando los endeudamientos excesivos. Semejante planteamiento reduciría la enorme carga normativa que recae actualmente sobre los bancos centrales.

Es hora de que haya una mayor atención mundial a la desigualdad para que se plasme en medidas concertadas. Algunas iniciativas abordarían la desigualdad directamente, otras desactivarían algunas de las fuerzas que la impulsan. Con todas ellas se avanzaría mucho en la mitigación de un potente obstáculo para el bienestar económico y social de las generaciones actuales y futuras.

Mohamed A. El-Elerian es asesor económico principal en Allianz y miembro de su Comité Ejecutivo Internacional. Es presidente del Consejo de Desarrollo Mundial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Copyright: Project Syndicate. 2014.

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