EscucharEn días recientes he podido leer la respuesta de don René Castro al periodista Édgar Espinoza sobre el proyecto de ampliación de la planta de refinación de Recope S.A.
Y me ha llamado la atención la forma como maneja el señor Ministro el término de prefactibilidad en la formulación y elaboración de un proyecto.
En nuestra jerga económica, siempre hemos utilizado este término para definir los estudios preliminares que se deben realizar antes de iniciar los estudios de factibilidad y comprende una gran cantidad de campos. Se realizan estudios sobre aspectos financieros, técnicos, legales, de financiamiento bancario y, en el caso específico de un proyecto público, se debe realizar un estudio sobre las ventajas y perjuicios de carácter económico al sistema en su totalidad.
En el caso del proyecto mencionado, se debió hacer un análisis sobre los beneficios del proyecto en el campo económico, como, por ejemplo, su aporte al PIB, al nivel de empleo, a la cuenta corriente de la balanza de pagos y al beneficio que reportará a los consumidores de los bienes del proyecto, en este caso, de los combustibles, ya sea desde el punto de vista cuantitativo (precios) como en la calidad de estos.
Por lo general, este tipo de estudios se realizan a lo interno de las empresas públicas, utilizando los recursos humanos con los que se cuentan, o, bien, recurriendo a la cooperación técnica internacional que usualmente es gratuita. De lo contrario, el costo de los estudios sería muy alto y se correría el riesgo de tener que desechar todo, en caso de que el proyecto no fuese “rentable”. Y si los resultados nos indican que el proyecto es “rentable”, que no sea a costo de un aumento en los precios.
En este caso, Recope S.A. no realizó estos estudios de prefactibilidad, sino que se introdujo directamente a la fase de factibilidad contratándolos con una empresa china y pasando de inmediato a los estudios básicos de ingeniería. Todo lo cual da como resultado un gasto de alrededor de $65 millones, la mitad de los cuales ya los hemos pagado los consumidores a través del precio de los combustibles, aunque la Aresep no acepte o no se haya dado cuenta que efectivamente así ha sucedido.
De lo contrario, ¿cómo habrá podido Recope S.A. transferir alrededor de $25 millones a Soresco para realizar los pagos correspondientes?
Y como parte de la fase de prefactibilidad que denomina el señor Castro, Recope S.A., a través de Soresco (empresa conjunta Recope y CNPC International Ltda., china), adjudicará posiblemente en las próximas semanas la realización de los diseños finales de equipos y obras por un valor cercano a los $70 millones, que, desde luego, deberán ser incorporados en los precios de los combustibles en la parte correspondiente a la refinadora.
O sea, como podrá comprobarlo el señor ministro, pues es miembro de la directiva de esa empresa pública, a pesar de que todavía estamos en la etapa de prefactibilidad, ya de hecho estamos en las etapas que corresponden a la factibilidad del proyecto.
Dudas pendientes
Sin embargo, todavía Recope S.A. nos está debiendo algunos datos muy importantes como, por ejemplo: 1. ¿Cuál será el beneficio que obtendremos los consumidores, en cuanto al precio de los combustibles? 2. ¿Cuál sería el aumento del empleo en la zona atlántica, tanto en la construcción, como en la operación de la nueva planta, tomando en cuenta que las obras serán ejecutadas por una empresa china con sus propios recursos humanos y que actualmente existen 200 trabajadores en la planta vieja que están desocupados? 3. ¿Cuál es el aporte de la producción de la planta al PIB, tomando en cuenta que el 97% de la materia prima proviene del exterior? Y 4. ¿Cuál es el aporte a la cuenta corriente de la balanza de pagos, tomando en cuenta que se deben pagar préstamos al exterior superiores a $1.000 millones y que las ganancias de la parte china se repatriarán?
Con base en todos estos factores, podremos establecer la TIR económica, ya que dado que aún estamos en la fase de prefactibilidad, según el señor Ministro, aún podremos decidir si hacemos o no el proyecto y, entonces, sí pasar a la fase de la factibilidad.
Tal vez el señor Ministro también nos pueda aclarar cómo vamos a hacer con la parte jurídica del proyecto.
Resulta que el financiamiento lo debe pedir la empresa conjunta Soresco, porque ella es la responsable de construir y luego alquilar la planta a Recope S.A.
Empero, como resulta que la mitad de esa empresa es pública, pertenece a Recope S.A., el préstamo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, pero solamente por la mitad del préstamo porque el país no podría dar la garantía soberana a la totalidad de un préstamo cuya destinatario, en parte, no es costarricense.
O tal vez nos podría explicar cómo la señora presidenta se ha comprometido a dar como garantía del préstamo unos bonos (¿?), según las declaraciones que se dieron en China, sin tomar en cuenta que, independientemente de la garantía que se establezca, por ser una empresa pública, Recope S.A. requiere necesariamente de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Y, finalmente, la pregunta más importante: ¿Quién se hará responsable por todas esas sumas multimillonarias –que posiblemente superen los $130 millones o su conversión en colones ¢65.600 millones– que se habrán gastado en la “prefactibilidad”, en caso de que el proyecto no se realizase?
