Presupuesto y equidad de género


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El presupuesto es quizás el elemento más operativo con el que cuenta la planificación del desarrollo, pero también es el más demostrativo de la errónea creencia de que las políticas públicas son neutrales y menos aún neutras, tanto desde la perspectiva de hacia quiénes van dirigidas, como desde quiénes las formulan.

Esta falacia de partida queda tajantemente revelada cada vez que nos preguntamos ante un programa específico llevado a cabo desde el gobierno: ¿cuánto y cómo se invirtió en ello? Y ¿si se consideraron durante la estrategia y la gestión pública, las necesidades diferentes que tienen y expresan mujeres y hombres?

Las respuestas a estas sencillas preguntas nos podrían sorprender, ya que una política pública expresada en el análisis de su contenido presupuestario es capaz de revelar qué tan acertado o lejano es el camino hacia la equidad de género y, claro está, el camino al desarrollo.

Ya nos hemos equivocado en llamar políticas públicas equitativas a aquellas que en realidad, solo generan aportes inmediatos y subsidios interminables a las personas muy vulnerables, sin que su nivel de empoderamiento y búsqueda de sus propios intereses estratégicos sean potenciados para que pasen al siguiente nivel. Es decir, para que pasen al nivel de la ciudadanía plena y ejerciten desde allí sus derechos reconocidos.

El cortoplacismo político nos ha inducido como gobernantes al impulso de acciones públicas reducidas, no siempre estratégicas; si acaso nos inducen a políticas distributivas, que, en el fondo, no alteran el orden estructural que subyace en la sociedad costarricense actual, que continúa siendo disimuladamente patriarcal y que, representarían, si se mejoran, una afrenta a las relaciones de poder imperantes entre mujeres y hombres que, como sabemos, se expresan en los hogares, en las oficinas, en los espacios públicos y en muchos otros entornos.

Todavía hablar de una economía de bienestar que aporta al desarrollo, pero que nace, se produce y reproduce en los espacios más íntimos de lo doméstico parece extraño a un sistema económico que insiste en hacer invisibles los aportes que, desde las mujeres, pero también, desde el voluntariado en general, hacen posible y gobernable nuestra sociedad costarricense.

Muy cercanos tenemos los ejemplos del trabajo de cuido a niños, personas adultas mayores, personas con capacidades diferentes, que realizan terceros de manera voluntaria, dedicada y constante. Estos esfuerzos no han sido bien reconocidos por casi nadie, pero existen cifras contundentes de que este trabajo no solo existe, sino que sale del presupuesto de las familias, generalmente.

A reducir las brechas

De ahí que el presupuesto junto con las políticas y planes asociados, deben ser explícitos en torno a los efectos que desde el gobierno se requieren para provocar una indiscutible reducción de las brechas, en este caso, para reducir las brechas de género persistentes en nuestro país. Las brechas en el ámbito salarial-laboral, en el ámbito de acceso a la vivienda, en el ámbito de la propiedad y control de los recursos, en el ámbito político, incluso, en el ámbito del manejo de nuestro propio cuerpo, por citar algunos ejemplos.

Ningún presupuesto puede llegar a ser sensible a estas necesidades de equidad de género, si no se basa en análisis de brechas bien concebidos como diagnósticos de partida de cualquier intervención pública. Los análisis presupuestales con enfoque de género tienen la intención final de analizar también los aportes públicos al desarrollo. Es bien sabido que las mujeres representamos cerca de la mitad de la población y, por eso, estos análisis no deben considerarse como aquellos dirigidos a un grupo vulnerable y reducido, sino como ejercicios ordinarios de planificación y elaboración del presupuesto de la República, entendiendo que las mujeres somos ciudadanas portadoras de plenos derechos.

Las brechas de género, finalmente, se expresan en realidades y lugares concretos y en las relaciones entre personas concretas. Por eso, las metas y acciones gubernamentales no pueden ser generales pretendiendo ser neutras. Las políticas públicas específicas y, con ellas, sus presupuestos, deben diseñarse y ejecutarse teniendo en cuenta esas desigualdades, esos lugares y esas personas a quienes van dirigidas, solo así serán efectivas.

La autora es exviceministra de Planificación

Sostenbilidad y financiamiento