En materia fiscal, los analistas profesionales suelen prestar atención a lo siguiente: (a) el monto de los ingresos que el Fisco espera recibir, los egresos previstos y el saldo esperado; (b) la calidad de los ingresos y de los gastos; (c) el financiamiento, si externo o interno, del déficit cuando tal fuere el caso y (d) el nivel de deuda pública y su tendencia. Por facilidad, y para comparaciones internacionales, las cantidades se expresan como proporción del tamaño de la economía (PIB) del país.
El proyecto de Presupuesto Nacional que recién envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa no presenta mayor novedad; es más de lo mismo que hemos visto en los últimos años.
Los ingresos corrientes (fundamentalmente impuestos) previstos, 14,2% del PIB, son inferiores al gasto total (sin amortización de deuda, que no es gasto, sino sustitución de un tipo de obligación por otra), que asciende a un 20,4% del PIB. El gasto antes de intereses (17,5%) supera los ingresos corrientes, lo cual quiere decir que el Gobierno está pidiendo prestado para comer. El faltante (conocido como déficit primario) se espera se sitúe en un 3,3% del PIB en el 2014, igual que en el 2013, y esto no deja de ser preocupante porque una de las condiciones para bajar el endeudamiento es operar con superávit, no déficit primario.
A pesar de las bajas tasas, la carga de intereses (2,9% del PIB) supera el monto de las inversiones físicas (capitalización) que espera realizar el Gobierno Central. Si las tasas de interés subieran, lo cual no es improbable –pues hoy están en un nivel históricamente bajo–, y si el saldo de la deuda pública aumenta, como es el caso pues el Gobierno opera con déficit primario, el manejo presupuestario será más difícil en el futuro cercano. El pago de intereses desplazará otros renglones de gasto público (por ej., salud, seguridad, inversión) o aumentará el déficit.
En la actualidad, la deuda del Gobierno Central equivale a un 35% del PIB, pero las autoridades proyectan que ella subirá al 52% para el año 2018 si la tendencia deficitaria continúa. Y nótese que esto es solo deuda del Gobierno Central, no del Sector Público en su totalidad, que incluye al ICE, Recope y el Banco Central, que también están endeudados. La deuda pública es uno de los principales indicadores del “riesgo país”, que conforme más alto sea, mayores serán las tasas para préstamos no solo al sector público sino al privado también.
Mala herencia
El déficit financiero previsto para el próximo año –gastos totales (excluyendo amortización de deuda, que como se dijo no es gasto) menos ingresos totales– es de un 6,3% del PIB, el cual es demasiado alto y no sólo significa que el Gobierno tendrá que competir por crédito en el mercado doméstico, lo que estrujará al sector privado, sino que deja al país vulnerable ante shocks externos. Esta es, definitivamente, una mala herencia de la Administración Chinchilla Miranda a la que siga.
Sobre la calidad de ingresos y gastos. Se espera que tanto los ingresos como los gastos del Gobierno sean de alta calidad. Respecto a los ingresos, lo que se quiere es que los tributos sean sencillos, para facilitar su administración, y que no desestimulen el aparato productivo, pues –como demuestra la historia– la mejor reforma fiscal es una economía dinámica. Sobre esto no dice mucho el Proyecto de Presupuesto recién presentado a la Asamblea Legislativa.
Sobre la calidad del gasto tampoco. Esto no deja de ser desafortunado, pues lo que se esperaría es que antes de que el pueblo, representado por la Asamblea Legislativa, dé una chequera o una tarjeta de crédito al Gobierno, este le diga claramente en qué utilizará la plata. Uno quisiera conocer la eficiencia del gasto (por ej., cuántos kilómetros de cada tipo de carretera se van a financiar y cuánto costará cada uno; cuántos jóvenes asistirán a la escuela primaria y cuán buena será esa educación, medida por resultados en pruebas internacionales del tipo PISA, etc.). También es menester conocer la incidencia del gasto público (es decir, si él se destina a obras de interés general, por ej., puentes y carreteras; si se dirige prioritariamente a los grupos más necesitados de la sociedad, o si transfiere el fruto de los impuestos a las clases media alta y rica). Ninguna información en este sentido contiene el Proyecto de Presupuesto Nacional. Lo único que informa es si las partidas (por ej., sueldos, viajes, consultorías) crecerán, o no, respecto al año anterior, pero eso no es mucho decir.
Como instrumento de política pública, el Presupuesto Nacional es, en Costa Rica, muy pobre. Pero, para ser sincero, esta deficiencia no es culpa exclusiva de la presente Administración; participan muchas otras también.
El Gobierno indica en el proyecto de presupuesto que es menester que el país adopte un “plan de consolidación fiscal”, para, entre otros, reducir el peso de la deuda, que podría tornarse explosiva, impagable. Dice que el plan ha de tener un componente de racionalización del gasto y también de aumento de tributos. Conociendo cómo se adoptan las decisiones políticas, en ausencia de control ciudadano, lo que dominará es el aumento de impuestos, no la racionalización del gasto, pues ésta requiere, entre otras cosas, enfrentar a los grupos de presión que hoy se benefician de ese gasto y ejercer un control micro casi permanentemente. Ante eso, es más fácil abogar una sola vez por un aumento de los tributos. El problema es que, si no se controla gasto, el resultado será que en unos pocos años se tendrá una carga tributaria mayor, un déficit similar al actual y un endeudamiento creciente.
A mi juicio, se requiere una reforma fiscal (“consolidación” en la terminología del Gobierno), pero que ha de comenzar por la elaboración de un plan coherente, creíble y auditable, de control sostenible del gasto. Hay que rescatar técnica y patrióticamente la figura de la concesión de obra pública, que mal herida ha quedado en esta Administración, pues si el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura pública del país sólo va a depender de las migajas que se incluyan en el Presupuesto Nacional, malas noticias nos esperan.
Luego se puede pensar en aumentar la carga tributaria. Pero la carreta no puede ir delante de los bueyes, ni la cola mover al perro.