Opinión: Plan fiscal del nuevo gobierno


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A pesar de que en el pasado se han dado algunas reformas tributarias, se han iniciado procesos de mejoramiento en la recaudación para reducir la evasión fiscal y hecho intentos sobre la disminución del gasto, los resultados no han sido satisfactorios. El déficit del sector público (DSP), respecto al PIB, en el periodo 2010-2013, fue del 5,63% y, según el Banco Central, este año 2013 será del 5,80% y del 6,6% para 2014.

De mantenerse la situación, sin una nueva política fiscal integral, el Estado estará en quiebra financiera con un DSP del 7% al 8% del PIB a finales del 2018. Para corregir esta situación, el nuevo gobierno adoptará las siguientes políticas, tendentes a bajar el DSP del 2,5% al 3,5% del PIB en el periodo 2014-2018:

1. Política de gasto público. Mejorar la eficiencia del sector de modo que se brinden mejores servicios con el uso de menores recursos mediante:

• Racionalizar el gasto en todo el sector público y reducir el tamaño del Estado a fin de obtener una economía equivalente al 2,5% del PIB.

• Eficiencia del Gobierno Central (GC). Disminuir el gasto burocrático del GC eliminando plazas innecesarias y su duplicación, reducir las incapacidades y otras medidas de racionalización parar lograr su mayor eficiencia y bajar su peso dentro del DSP, del 87,4% actual al 70%.

• Revisar el sistema de transferencias corrientes para eliminar las innecesarias y reducir su monto obligando a los receptores ser más eficientes en el desempeño de sus actividades.

• Reducir la carga salarial del Estado denunciando ante la Sala IV la inconstitucionalidad de las convenciones colectivas del sector público por los privilegios excesivos y abusivos que gozan los empleados con respecto a los mismos derechos de los empleados del sector privado.

• Reducción de la empleomanía mediante retiros forzosos de funcionarios en edad de pensionarse y con programas de jubilación voluntaria. Las plazas que se eliminen no serán rehabilitadas.

• Congelar por espacio de dos años la contratación de nuevo personal.

2. Política de ingresos. Aumentar los ingresos fiscales y mejorar su efecto distributivo a través de un sistema tributario que favorezca a las clases de menores rentas y, en forma equitativa y justa, obtenga más tributos de las clases más favorecidas en rentas.

i) Reducir las exoneraciones tributarias. No es justo ni equitativo hacer una reforma tributaria cargando con más impuestos a los contribuyentes habituales mientras el sistema privilegia a través de las exoneraciones a importantes sectores de la economía. Se bajarán del 5,8% al 3% en relación al PIB las exoneraciones a través de:

a) Las exenciones sobre el impuesto de renta se reducirán del 1,78% al 0,75% del PIB obligando a todas las actividades que generen ingresos pagar este tributo, entre ellas: zonas francas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, ganancias patrimoniales, rentas de no residentes, aguinaldos y salario escolar.

b) Se reducirá del 3,69% al 1,5% del PIB las exoneraciones del impuesto general sobre las ventas eliminando los tratos preferenciales en el consumo local.

ii) Reforma Tributaria. Mejorar los ingresos por impuestos en una proporción del 2,5% del PIB y aumentar la carga tributaria del 13,7% al 16,3% del PIB a través de una reforma que incluya los siguientes ajustes:

a) El impuesto de la renta será diferenciado disminuyendo el tributo sobre los salarios de menor ingreso y aumentando el impuesto sobre los de más altos ingresos. Se establecerá una escala del 5% para salarios inferiores a ¢2,5 millones, 10% para salarios en el rango de ¢2,5 a ¢5 millones; 15% para el rango de ¢5,0 a ¢7,5 millones y 20% para salarios mayores a ¢7,5 millones.

b) El impuesto sobre las utilidades será diferenciado de acuerdo a la categoría de las empresas. Micro (exentas en los primeros dos años y después 5%), pequeñas (10%), medianas (15%), grandes (20%) y corporaciones, nacionales y extranjeras operando en el país (35%). Se establecerá una fórmula que tome en cuenta las siguientes variables: ventas anuales, situación patrimonial, niveles de empleo y utilidades antes de impuestos para determinar la categoría de las empresas.

c) Elevar del 30% al 35% el impuesto sobre las utilidades netas de todos los intermediarios financieros supervisados por Sugef.

d) Establecer el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en un 15% sustituyendo el actual impuesto de ventas.

iii) Disminuir la evasión fiscal. Aumentar las penalidades monetarias sobre la evasión fiscal y legislar para considerar la inhabilitación de por vida de las empresas y negocios evasores.

iv) Mejorar la recaudación y los procesos de cobro tributario.

3. Fusión de ministerios e instituciones afines . Se iniciará un proceso de reestructuración del Estado con la finalidad de reducir su tamaño, obtener una mayor eficiencia del sector público y reducir el gasto.

En este proceso se fusionará ministerios e instituciones con funciones afines, complementarias o competitivas y se procederá al cierre de otras instituciones que el estudio recomiende.

4. Privatización de algunas empresas públicas . El proceso de reestructuración del Estado procurará desligarlo de sus actividades de empresario, banquero y comerciante, para dedicarlo con eficacia y eficiencia a las funciones públicas de seguridad, educación, salud, administración de justicia, infraestructura pública y las reservadas al Estado por la Constitución.

En este sentido, se venderán o concesionarán con el sector privado algunas empresas públicas. Los ingresos no fiscales que se dejen de percibir serán compensados por la venta o concesión de esos negocios y con impuestos directos sobre los mismos.

Sostenbilidad y financiamiento