Editorial: Siete principios fiscales


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E n esta edición de EF le damos continuidad al análisis del tema fiscal iniciado la semana pasada. Lo hacemos porque nos preocupa el estado actual de las finanzas públicas. El déficit fiscal del Gobierno Central este año será cercano al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y posiblemente subirá al 7 % el próximo año, si no se toman las decisiones correctivas.

En los últimos años hemos “estacionado” el financiamiento del déficit en el exterior mediante la colocación de bonos, con lo cual hemos aprovechado una coyuntura externa de crédito abundante, fácil y barato. Esta situación tiene un origen claro: las políticas monetarias expansivas en Estados Unidos.

De manera previsora debemos prepararnos para la finalización de este escenario en la medida que ocurra la recuperación de la economía estadounidense. Por lo tanto, si somos prudentes debemos estar listos para un ambiente de salida de capitales, mayores tasas de interés en el exterior, devaluación del colón frente al dólar y mayores tasas de interés locales. Todo esto agravaría la ya delicada situación fiscal.

No queremos ser alarmistas, ni aves de mal agüero, pero sí nos sentimos en la obligación de lanzar el aviso para que el país pueda sortear exitosamente los cambios de las fuerzas económicas internacionales. Estar preparados para estos cambios significa reducir el déficit fiscal del Gobierno Central de un 7 % del PIB en el 2014 a un 3,5 % en los siguientes años. Este esfuerzo fiscal es monumental. Costa Rica, en la historia económica moderna, nunca ha realizado un ajuste o reforma fiscal de la magnitud requerida actualmente.

La magnitud y la urgencia del ajuste obliga a estudiar todo el menú de políticas fiscales relacionadas con los impuestos, los gastos y el financiamiento. En esta edición informamos a nuestros lectores de los principales elementos de este menú y al examinarlo queda claro que ninguna medida por sí sola podrá resolver el problema fiscal. Se requerirán acciones para aumentar la carga tributaria y para reducir o al menos controlar el crecimiento del gasto.

La reforma en el campo tributario debe tener la condición necesaria de lograr mayor eficiencia en la recaudación. Pero esto no es suficiente, de una u otra forma, la reforma deberá tocar las bases y las tasas impositivas de los impuestos de renta y de ventas. El sistema debería ganar en simplicidad y en generalidad. También la reforma debería balancear adecuadamente los objetivos de crecimiento económico y equidad del sistema tributario.

No sería aceptable un aumento en la carga tributaria si no hay un esfuerzo en el lado del gasto que contenga su crecimiento y mejore su eficiencia. Así como pensamos que es necesario un aumento de la carga tributaria, también creemos que el sector público no puede convertirse en un pozo sin fondo que acapare recursos del país sin límite alguno.

Creemos que la reforma del gasto público debe guiarse por varios principios.

Primero, el gasto público debería dedicarse a las actividades prioritarias que promuevan el crecimiento económico y la equidad. Este enunciado, que es una verdad de Perogrullo, significa que deben eliminarse programas públicos que no sean prioritarios. Hay instituciones públicas que fueron prioritarias en el pasado y ahora parecen fantasmas sin rumbo.

Segundo, no basta con que una actividad del sector público sea prioritaria para gastar en ella, se necesita que lo haga en forma eficiente. Esto significa tener metas, dar cuenta del cumplimiento de estas y de su costo. Buena parte del gasto del Gobierno Central se dedica a la educación pública. En los últimos años este gasto ha crecido al amparo de las reformas constitucionales, con lo cual se ha ampliado la cobertura del sistema educativo. Pero queda el interrogante sobre la eficiencia del gasto educativo y la calidad de los servicios educativos.

Tercero, no debe sacrificarse el futuro en aras de recortar el gasto en el presente: hay necesidades de construcción y mantenimiento de infraestructura pública que son insoslayables.

Cuarto, el funcionario público debe estar bien remunerado, pero bajo un sistema de incentivos que premie el buen desempeño.

Quinto, la obligación constitucional o legal de realizar determinados gastos presenta inflexibilidades que imposibilitan un manejo racional de las finanzas públicas.

Sexto, la visión del gasto no debe quedarse solo en el Gobierno Central, debe contemplar todo el sector público sin excepciones.

Sétimo, la racionalización del gasto por razones técnicas y políticas no se puede hacer de un día para otro, hay que hacerlo en el mediano plazo.

En conclusión, la reforma fiscal en todos sus aspectos es importante y urgente. Por esta razón, para cumplir con nuestros deberes en EF en esta edición presentamos objetivamente en nuestras páginas informativas la composición de menú fiscal y en esta página editorial damos nuestro punto de vista con la intención de contribuir al debate nacional.

Sostenbilidad y financiamiento