La muerte de Luis Paulino Mora abre una nueva etapa en el Poder Judicial.
El vacío que deja su partida, así como el probable retiro de otros magistrados, afecta la correlación de fuerzas en la Corte y se inician luchas de poder que marcarán el futuro de la institución.
Los episodios de confrontación con otros poderes, como el enfrentamiento con el legislativo por la reelección del magistrado Cruz, todavía no concluyen.
La irrupción del Fiscal General en la Asamblea Legislativa y las investigaciones abiertas contra un 17% de los diputados, son otro síntoma de la profundidad de las fricciones.
El proceso de judicialización de la política no puede atribuirse de manera exclusiva al Poder Judicial, pero alguna cuota comparte con el resto de la clase política.
Hace algún tiempo escribí sobre los riesgos de politización de la justicia, implícitos en la judicialización de la política. Hoy esta afirmación empieza a concretarse, no en injerencia partidaria en la resolución de los casos, pero sí en las tensiones con los otros poderes y en la aparición de facciones en los procesos internos del poder judicial.
La elección del nuevo jerarca ha revelado al menos tres de estas facciones que aunque no corresponden mecánicamente con líneas partidarias, sí tienen puntos de intersección con estas.
El síntoma más llamativo de este proceso ha sido la reciente discusión en Corte Plena sobre el procedimiento para elegir al nuevo presidente.
La propuesta para realizar un debate en plaza pública entre los candidatos revela que la participación en la manifestación callejera le ha dado un gusto por el baño de masas a algunos magistrados.
Si se continúa por este camino podríamos llegar a las situaciones que se presentan en Bolivia y Argentina, en donde los partidos oficialistas quieren la elección popular de los jueces, con la consiguiente pérdida de independencia judicial, dada la inmersión directa de los jueces en los procesos partidarios.