Editorial: El dilema del presidente


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Gobernar nunca ha sido fácil; obliga a escoger siempre entre distintas alternativas, sin que ninguna sea completamente óptima. Implica llevar adelante un ideario, buscar aliados, encontrar equilibrios, entender el entorno, arriesgar y asumir los costos que conlleva no poder satisfacerlos a todos.

Esto siempre es más fácil si se tiene un rumbo claro, un plan de trabajo establecido, fuertes convicciones y un enraizado caudal político en el cual apoyarse.

El gobierno del presidente Solís inicia con un apoyo electoral importante aunque engañoso por su fragilidad, y cuenta, además, con la buena voluntad de gran parte de los grupos sindicales, que han estado más cerca del Partido Acción Ciudadana (PAC) que de los otros partidos que han ocupado el poder en las últimas tres décadas. Los sindicatos cuentan, asimismo, con una importante representación en el Congreso, a través del partido Frente Amplio, que hasta ahora ha sido condescendiente con el Gobierno, sin llegar a apoyarlo abiertamente.

Para el sector sindical, es el momento de hacer efectivas las reivindicaciones que han venido reclamando ante lo que han llamado “la larga noche neoliberal”. En ese camino no parecen estar dispuestos a ceder un ápice. En efecto, a pesar de los guiños que el presidente electo envió a los educadores en la reciente huelga, el presidente en ejercicio pronto se topó con un movimiento intransigente que finalmente hubo de ceder solo ante el desgaste frente a la opinión pública y la intervención de la Iglesia católica.

El Gobierno afrontará pronto una nueva prueba en la negociación salarial de medio año; deberá escoger entre satisfacer las irreales demandas sindicales o mantenerse firme y sufrir el desgaste entre sus aliados. Pero esta no será la única. Sobre la mesa estará pronto también la continuidad de la concesión de la terminal de contenedores de Moín, el levantamiento del veto del Código Procesal Laboral, la aprobación de una ley de empleo público que iría de la mano de una reforma fiscal, la negociación del FES con las universidades, y la reforma del sector eléctrico.

La agenda es compleja y sustanciosa. Conlleva decisiones de trascendencia nacional. La posición que el Gobierno adopte en cada uno de esos temas marcará el devenir de su gestión. Si cede y otorga a los sindicatos lo que estos demandan pondría en peligro la delicada situación fiscal del Estado, deterioraría la competitividad del país, amenazaría la generación de empleo, y daría un fuerte golpe a la capacidad de producir la energía que se necesitará para seguir creciendo.

Si, por el contrario, opta por la disciplina fiscal, el mejoramiento de las condiciones para producir eficientemente, el estimulo a las fuentes de empleo y la apertura a una mayor inversión privada en el sector eléctrico, ciertamente podrá distanciarse de sus aliados sindicales y pagar un costo político importante por ello, pero estaría asumiendo con responsabilidad histórica su mandato.

Ya el presidente Solís ha dado muestras de sensatez y flexibilidad, aún alejándose de ciertas tesis de su partido, como ha sido reconocer la importancia de la atracción de inversión extranjera, el TLC y el patrullaje conjunto con los EE. UU. Ahora debe dar señales claras e ir más allá de los gestos y los símbolos, que aunque relevantes, son absolutamente insuficientes para llevarnos por el camino del desarrollo y del bienestar general.

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