Columna Enfoques: Rastreos


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Las denuncias sobre posibles abusos policiales y del Ministerio Público, ordenando rastrear los teléfonos de periodistas causan preocupación.

Entendemos la necesidad de proteger las investigaciones judiciales y de identificar conductas incorrectas de agentes judiciales. Sin embargo, la protección del proceso no puede hacerse a costas de los principios. El derecho penal y la policía están subordinados a la Constitución.

La protección de la intimidad personal es parte vital del derecho de la Constitución; es la órbita sagrada donde solo, bajo circunstancias excepcionales, puede incursionar la autoridad.

Rastrear una llamada, so pretexto que no se escuchan los contenidos, es violar este espacio, pues el rastreo identifica patrones de comportamiento que revelan dimensiones íntimas de las personas. Esto debería ejecutarse solo con autorización de un juez.

Comprendemos el celo periodístico por proteger sus fuentes y su actividad profesional. Empero, pareciera exagerado atribuir los hechos denunciados a una política del Poder Judicial como tal.

Hasta el momento no hemos visto evidencia de órdenes emanadas de la cúpula judicial, dirigidas a mantener una política sistemática de espionaje, todo pareciera reducido a un caso concreto, que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y de manera transparente.

Una acusación general, sin fundamento en pruebas claras de un involucramiento de las instancias superiores puede causar un daño muy grave a la legitimidad de una institución clave para el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno.

Bien ha hecho la Corte en ordenar una investigación que debe concluirse pronto. Si se comprueban los hechos deben tomarse las sanciones correspondientes.

Están en juego las libertades y la credibilidad de nuestro sistema de justicia. No se valen atrasos en llegar al fondo de estas denuncias e identificar los responsables de las presuntas violaciones.

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