OPINIÓN

Editorial: Caos salarial en el Estado


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En la edición pasada publicamos un reportaje sobre el caos existente en los esquemas de remuneraciones e incentivos del sector público. Se concluye que no existe un sistema ordenado de remuneraciones de los empleados públicos. Por el contrario, existen múltiples “sistemas” establecidos sin orden y creados al calor de la presión de la burocracia y de la alcahuetería del sistema político.

El Estado gasta más en incentivos salariales que en el pago de los salarios base. Esto sería una buena noticia si estos incentivos premiaran el buen desempeño de los funcionarios, pero, lamentablemente, son beneficios que simplemente multiplican el salario base en forma automática independientemente de los resultados.

Hay una gran disparidad entre los incentivos de las diferentes entidades, que no reflejan necesariamente las diferencias en la complejidad y productividad de las instituciones. Es posible que las diferencias obedezcan más bien a las diferencias en la capacidad negociadora de cada una de las burocracias. Para decirlo en lenguaje popular: “El que tiene más galillo, traga más pinol”.

Estos sistemas implican un crecimiento automático de las remuneraciones, independientemente de la productividad de las entidades y de la capacidad de pago de los contribuyentes y de los clientes de los servicios públicos.

Adicionalmente, el caos en los incentivos lleva a incongruencias e iniquidades. Hay subalternos con salarios mayores que sus jefes y funcionarios que, a pesar de ocupar la misma posición laboral, reciben remuneraciones diferentes según sea la entidad en la cual trabajen.

El caos es mayor cuando se toman en cuenta otras condiciones de la contratación de los empleados públicos, tales como vacaciones, condiciones de la cesantía y otros.

A pesar de la existencia de abundantes diagnósticos sobre el caos en las condiciones de contratación y remuneración de los empleados públicos, poco o nada se ha avanzado en una solución, excepto la eliminación de varios incentivos abusivos por parte de la Sala Constitucional.

¿Qué hacer ante esta situación tan compleja? En este editorial no tenemos la solución completa del problema pero nos parece importante señalar cinco puntos.

Primero, la reforma del sistema de contratación de los empleados públicos no es una cruzada en su contra. El objetivo es incentivar adecuadamente al funcionario para que cumpla su función y contribuya al logro de los objetivos institucionales. El buen funcionario debería resultar beneficiado de la reforma. Segundo, es urgente tomar decisiones, pero debe tenerse claro que la aplicación de la reforma deberá respetar derechos adquiridos y su impacto se verá en el mediano plazo.

Tercero, hay casos en los cuales los incentivos existen para compensar el bajo nivel de las bases salariales. En este caso debe reconocerse esta situación y solucionarse. Cuarto, la reforma debe buscar la construcción de un esquema general para regular las relaciones entre el Estado y sus empleados. Esto implica eliminar las disparidades irracionales existentes entre los esquemas de contratación de las diversas instituciones y a su vez reconocer las diferencias cuando técnicamente sea justificable.

En quinto lugar, la reforma debe realizarse mediante la negociación con las organizaciones de trabajadores del sector público sin perder de vista los intereses de la colectividad. En la negociación se debe buscar el adecuado equilibrio entre los incentivos a los trabajadores del sector público y la carga que representa su financiamiento para los ciudadanos mediante el pago de impuestos y de tarifas de los servicios públicos.

En conclusión, la reforma al caos salarial en el sector público debe contribuir a la construcción de un Estado que pueda cumplir con las demandas de los ciudadanos.

Sostenbilidad y financiamiento