OPINIÓN

Editorial: Un lobo con piel de oveja


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Nuevamente, los cantos de sirena del proteccionismo se oyen en los pasillos y salas del Gobierno, ahora con renovados bríos bajo el engañoso disfraz de la “soberanía alimentaria” y como piedra angular de la política agropecuaria de la administración Solís Rivera.

Si dicha política se concentrara en mejorar la productividad a través de la capacitación y el acceso al capital y a la tecnología, pocas objeciones tendríamos. Lo cierto, sin embargo, es que detrás de esas inofensivas palabras iniciales del ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, se esconde la justificación para imponer medidas proteccionistas adicionales como la que recientemente acordó el Ministerio de Economía a favor de los grandes industriales del arroz.

Y hablamos de medidas adicionales porque sería falaz afirmar que el sector agrícola costarricense vive en un entorno de apertura comercial. Todavía los aranceles de importación siguen siendo altos para algunos importantes productos agrícolas, estos han sido reiteradamente excluidos de los calendarios de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales suscritos por el país y, cuando tímidamente han sido incorporados, se les aplican plazos extremadamente extensos y cuotas arancelarias muy restringidas.

Adicionalmente existen múltiples medidas no arancelarias, como las fitosanitarias, que son utilizadas para impedir, retrasar o encarecer innecesariamente muchas de esas importaciones, incluyendo las provenientes del mercado centroamericano.

Todo lo anterior repercute en el precio que los consumidores deben pagar por sus alimentos, y son los sectores más pobres los que más se ven afectados, por cuanto dedican una proporción mayor de sus escasos ingresos a adquirir productos de primera necesidad. También afecta el desempeño de la industria agroalimentaria, pues se les obliga a adquirir sus insumos a un costo más alto a pesar de que su producto final debe competir con bienes que ingresan libres de aranceles.

Finalmente, el proteccionismo tiene como efecto un uso ineficiente de los escasos recursos con que cuenta el país ya que se incentiva artificialmente que nos dediquemos a producir algo que podría importarse a mejores precios en vez de producir en sectores en que sí somos eficientes, en detrimento de la productividad y el bienestar general.

De manera que debemos estar vigilantes de cómo se traduce en la práctica esa política de “autoabastecimiento” y el costo que tendrá para todos.

Si el objetivo final es realmente el “rescate del sector productivo costarricense”, mejor haría el Gobierno en dedicar sus esfuerzos a atender los factores que inciden negativamente en la competitividad del país: el costo y la calidad de la energía, un gasto público irresponsable y excesivo, una infraestructura de tercera categoría y una burocracia que ahoga a todo el que quiera llevar adelante un emprendimiento, pero especialmente a los más pequeños.

Eso y un uso inteligente y sensato de los cuantiosos recursos con que cuenta ahora la recién creada Banca de Desarrollo harían mucho más por los agricultores –y por los costarricenses en general– que un vetusto proteccionismo cuyos resultados han sido siempre solo una mayor frustración y pobreza.

Sostenbilidad y financiamiento