Opinión: Las app y la concesión

El pasado 27 de junio, en la celebración de una charla denominada “Manejo de Riesgo en Concesiones de Infraestructura: obteniendo los resultados esperados”, el viceministro de Hacienda, Juan Carlos Pacheco, reconocía que la intervención del sector público se justifica normalmente en la provisión de infraestructura, a la vez que indicaba que las fuentes de financiamiento del país se encuentran debilitadas, citándose que en la actualidad la inversión proyectada para atender las necesidades a nivel de infraestructura, no alcanza el porcentaje del PIB anual promedio que se necesitaría. En otras palabras, los recursos disponibles para atender esta necesidad no igualan los requeridos y ante esta situación, ¿cuáles escenarios se perfilan?

Debido a la vinculación entre infraestructura y prestación de servicios públicos y al interés público y social en ellos representado, tradicionalmente han sido financiadas por el Estado, sin embargo, dicha financiación, y la forma en que se haga, determinará parte de la economía y competitividad de un país. Así, el presupuesto público se convierte en una fuente de financiamiento, por lo que en términos generales el dinero que se tome para financiar determinado gasto, implicará menos o nada para sufragar otra necesidad que se tenga.

Ante este escenario, surge la posibilidad de cuestionarse si toda obra debe ser financiada con presupuesto público o bien si existen otras figuras que permitan alcanzar el mismo objetivo, acudiendo de forma parcial o total a presupuesto privado.

En este contexto surge el concepto de la asociación público-privada ( app ), en la cual se observa una participación conjunta de ambos sectores (público y privado) en menor/mayor grado, con el objetivo de atraer y captar el interés y participación del privado, siendo crucial que el proyecto de la obra sea rentable a nivel económico y financiero.

No es privatización

El término APP está asociado a un sistema de financiación mixta, siendo vital aclarar que el hecho de que haya capital privado implicado no representa la privatización, pues en una app la titularidad del bien no se cede y se caracteriza además por una duración determinada.

Una de las tantas formas de contratación que se distingue dentro de las app es la concesión, definida como el sistema mediante el cual una administración otorga determinados derechos a una organización (privada o público-privada) para diseñar, construir, mantener y operar una infraestructura, un activo o un servicio público durante un tiempo determinado. Tal acuerdo se plasma en un contrato y en el caso de Costa Rica, la figura se reconoce en la Ley No. 7762, habiendo incluso los tribunales de justicia indicado que no existe defecto alguno en la elección de este modelo, por medio del cual se delegan competencias públicas prestacionales.

Este año, la calidad de la infraestructura de transporte influyó negativamente en el puesto que ocupa el país en el índice global de competitividad, dado a conocer por el Foro Económico Mundial, lo cual llama a la reflexión acerca del uso y promoción de figuras como la concesión de obra con servicio público, a fin de mejorar las condiciones actuales.

Así, la implementación de esta figura, como parte de los modelos contractuales a seguir por los entes públicos y sus órganos cuando no se tiene la capacidad de gestión y de inversión suficiente para brindar la titularidad del servicio a su cargo (sea por carencias de orden presupuestario o limitaciones de recursos y medios), es una opción legalmente reconocida, cuya implementación y consolidación y sobretodo aceptación, constituye el camino para hacerla parte de las opciones posibles, encaminando las lecciones aprendidas bajo una visión de mejora constante, en la que se busque como norte el crecimiento económico y la competitividad de un país.