OPINIÓN

Seguridad privada y tráfico de armas


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Cuando se hace referencia a la seguridad privada, de forma automática se piensa en evaluar la capacidad que tiene el Estado para proveer seguridad a su población. Sin embargo, la discusión supera en mucho ese discurso.

Un país como Costa Rica ha sido testigo de cómo el incremento de la inseguridad y de la percepción de inseguridad ha detonado un incesante crecimiento de este tipo de servicios.

Para 1994 se identificaba una docena de empresas inscritas; para el 2015, la cantidad de empresas de seguridad era de 1.671 compañías, las cuales constituyen el 50% del total de toda América Central.

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Una empresa de seguridad puede tener 1.400 agentes y unas 260 armas de fuego registradas; cantidades para nada despreciables. El número de agentes de seguridad privada supera, en mucho, al número total de oficiales de la Fuerza Pública, 25.193 agentes inscritos y activos.

No obstante, análisis desde el sector en forma global indican cerca de 50.000 agentes, y no se incluye los que actúan de forma clandestina.

En el 2015 se identificaron 568 empresas con licencia vencida. En mayo del presente año se indicaba que tras realizar supervisiones en 400 empresas de seguridad, de 7.000 armas inscritas (procedentes de empresas de seguridad privada) solamente se habían recuperado 20.

La globalización afecta. Resulta que desde hace más de 5 años Panamá estableció una veda a la importación de armas de fuego.

Ha resultado ser una sorpresa que al menos unas 250 armas de procedencia costarricense fueron decomisadas vinculadas a la comisión de delitos, según información recopilada por la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (febrero de 2015). Según el director de la DIASP, Luis Zegarro, no se descarta que la cifra sea mayor, no obstante, las series han sido alteradas lo que ha obstaculizado su identificación.

Preocupante cómo el país se convirtió en un eslabón del tráfico de armas. Armas que ingresaron legalmente a Costa Rica y que fueron desviadas o trasegadas de forma ilegal.

Armas de fuego que coadyuvan a incrementar los actos de violencia, porque mayoritariamente las armas de fuego están presentes en el 70% de los homicidios, y en el 80% de otros delitos.

Se presume que una armería y cinco empresas de seguridad privada facilitaron el trasiego de armas, que habría iniciado en el 2012. Se realizaron 12 allanamientos para recabar pruebas.

Se detectó el proceso de venta legal a varias (5) empresas de seguridad para la provisión de sus servicios. En forma posterior, Panamá detectó algunas de esas armas y el rastreo llevó a identificar que procedían de Costa Rica y que seguían inscritas en el país.

Al momento no se ha descartado que armas registradas por empresas de seguridad que ahora están inactivas también hayan llegado a Panamá. El Ministerio de Seguridad Pública está desarrollando procesos de ubicación de las empresas y la verificación de donde están las armas registradas a su nombre.

Lo que ha quedado claro es que algunas armerías y empresas de seguridad privada han participado en el desvío y tráfico de armas; proveyendo armas que ingresaron lícitamente al país y promoviendo su ingreso ilegal a un país vecino.

El país no tuvo la capacidad de reconocer y prevenir que las decisiones tomadas en Panamá, respecto a mantener la veda a la importación de armas, podía tener incidencia en las acciones de un sector que muchos han reconocido, disponen de controles muy laxos.

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Las enseñanzas: el trasiego de armas se ha venido produciendo, al menos con mucha claridad, y las cifras de incautaciones se originan desde el año 2012.

Seguimos pensando que lo único relevante en torno a las armas de fuego está relacionado con la tenencia y portación, cuando el tema de transferencias es fundamental.

El mercado legal con mucha facilidad se torna en trasiego y tráfico, y la cantaleta permanente es que “las personas honradas y honestas adquieren las armas legalmente”.

La colaboración y la comunicación entre países es un factor fundamental, en este momento el país cuenta con un espacio de comunicación binacional y eso debe rescatarse como una buena práctica.

Las gestiones de verificar las empresas y la tenencia de armas a su nombre, también lo es. Muchos se verán ante el Ministerio Público dando explicaciones y el país ha aprendido de la peor manera que puede ser partícipe del tráfico de armas.

El Estado costarricense ha ratificado sendos convenios internacionales para controlar mejor las transferencias de armas (Tratado sobre el comercio de armas y evitar el tráfico ilícito, como el protocolo de Armas de Fuego de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionaly la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Cifta).

Los hechos recientes nos llaman a cumplir con la implementación de los instrumentos jurídicos vinculantes para el país.

NOTA: La autora es directora Académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano

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