Opinión: La austeridad no funciona


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Todos saben que sin dolor no hay ganancia. Pero también puede haber dolor sin ganancia –una lección que las poblaciones occidentales han venido aprendiendo a fuerza de golpes desde por lo menos el 2012–.

Años de austeridad fiscal en Estados Unidos, Europa y Japón no han logrado nada, así que es hora de que los gobiernos empiecen a gastar otra vez.

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La propuesta será recibida con indignación por muchos gobiernos, especialmente, pero no exclusivamente, por Alemania, y será descartada por los muchos candidatos políticos que consideran la deuda soberana, acumulada por los funcionarios a los que intentan derrocar, como una obra del diablo. Pero más allá de la ideología y del interés propio hay una verdad simple e inevitable: la austeridad no funciona.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, reconoció a regañadientes el fracaso de la austeridad cuando anunció el 1 de junio que su gobierno pospondría un incremento planeado del impuesto al consumo del país. Lejos de ayudar a controlar el déficit presupuestario y la enorme deuda pública de Japón, el alza del impuesto probablemente habría reducido los ingresos.

Después de todo, el aumento anterior, implementado en abril de 2014, rápidamente hizo que la economía volviera a caer en una recesión.

La eurozona –el principal defensor de la austeridad del mundo desarrollado– todavía tiene que llegar a la misma conclusión, a pesar de la evidencia manifiesta. En 2012, los líderes de la eurozona firmaron un pacto fiscal destinado a controlar la deuda pública –que, en total, representaba el 91,3% del PIB, según el Fondo Monetario Internacional– obligando a los países a reducir el gasto y a aumentar los impuestos.

Para 2015, el déficit presupuestario de la eurozona, como porcentaje del PIB, había caído las dos terceras partes con respecto a su pico de 2010.

Sin embargo, la deuda pública bruta en realidad había aumentado, al 93,2% del PIB. Por cierto, si bien Alemania ha logrado reducir su deuda pública bruta, del 79,7% del PIB en 2012 al 71% el año pasado, los ratios de deuda en Francia e Italia han seguido aumentando, a pesar de los férreos controles fiscales (especialmente en Italia).

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En otra zona de Europa, el Reino Unido ha seguido una trayectoria similar: la deuda pública bruta aumentó del 85,3% del PIB en 2012 al 89,3% del PIB en 2015. Y, en Estados Unidos, el ratio de deuda subió del 102,5% al 105,8% en el mismo periodo.

El problema, por supuesto, reside en un crecimiento económico muy lento, que socava el crecimiento salarial, debilita los ingresos tributarios y hace que a los gobiernos les resulte imposible saldar sus deudas.

Entre los mayores frenos que retrasan el crecimiento hoy está la austeridad fiscal. Cuanto más recortan sus déficits los gobiernos, más rápido se desacelera el crecimiento –y más inalcanzables se tornan los objetivos de reducción de deuda–. Así es el ciclo contraproducente de la austeridad fiscal.

Sin duda, la austeridad no siempre funciona así. En los años 1970 y 1980, años plagados de inflación en los que la demanda por parte de los inversores de primas de riesgo por inflación hizo aumentar los costos de endeudamiento a largo plazo, los mayores déficits tendieron a impulsar aún más las tasas de interés a largo plazo, mientras que los déficits menores las redujeron.

Fue esta experiencia la que, después de 2010, llevó a los responsables de las políticas a pensar que una reducción de la demanda del gobierno ayudaría a impulsar la inversión privada. (En la eurozona, debe destacarse, los argumentos a favor de la austeridad fiscal también se vieron alimentados por la desconfianza entre los gobiernos; los países acreedores exigían que los países deudores soportaran algo de dolor a cambio de “ganancias” como los rescates).

Pero los tiempos cambiaron. Por empezar, ya no vivimos en una era inflacionaria. Por el contrario, Japón y algunos países de la eurozona enfrentan una deflación, mientras que la inflación en el Reino Unido cayó esencialmente a cero.

Solo en Estados Unidos la inflación está subiendo –y poco–. Es más, los costos de endeudamiento de largo plazo están en mínimos históricos, como lo han estado en los últimos cinco años. Implementar medidas de austeridad en este contexto ha resultado en un freno tan severo del crecimiento que ni siquiera la reducción a la mitad de los precios de la energía en los últimos 18 meses lo ha superado.

La política monetaria expansionista –es decir, las inyecciones masivas de liquidez a través de la llamada expansión cuantitativa (QE)– claramente tampoco es suficiente. Si bien la QE cumple efectivamente un propósito –y sigue siendo necesaria en Europa y Japón–, no ha logrado ni estimular la inversión privada ni acelerar la creación de empleo y el crecimiento salarial.

Cierta intervención directa en los salarios puede ayudar. El Reino Unido ha implementado un incremento del salario mínimo obligatorio, y algunos estados norteamericanos, liderados por California, pronto le seguirán los pasos. Japón, que enfrenta salarios estancados, a pesar de la aparente escasez de mano de obra, puede ser el que más se beneficie con esta estrategia.

Sin embargo, en el mundo de hoy, nada puede sustituir a la expansión fiscal. Muchos países, particularmente en Europa, tienen que impulsar la inversión pública en infraestructura.

En términos más generales, Europa necesita un nuevo Plan Marshall, esta vez autofinanciado, en lugar de financiado por los norteamericanos, para reactivar el crecimiento económico e impulsar la productividad.

Hay muchísimo espacio para un programa similar en Estados Unidos también. Este tipo de gasto podría inclusive ayudar a que los ingresos impositivos crecieran, haciendo subir el empleo y los salarios.

En un momento de bajos costos de endeudamiento y escasa o nula inflación (o, inclusive, deflación), la austeridad no es la respuesta. Es hora de que los responsables de las políticas reconozcan que no hay necesidad de un dolor que no traiga consigo ninguna ganancia. Es hora de volverse fiscal.

Bill Emmott* Exeditor jefe de The Economist

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