Sobre el editorial de la semana anterior coincidimos en que, de materializarse, las señales económicas internacionales tendrían efectos importantes sobre el país, por las vulnerabilidades estructurales acumuladas a lo largo de los años.
En este contexto, un creciente y persistente déficit es uno de los mayores factores de riesgo. De ahí que la respuesta gubernamental al déficit fiscal, sea eje central de la política pública durante el 2015.
Desde nuestra perspectiva, la estrategia de reducción del déficit debe considerar medidas del lado del gasto (como el Proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos para garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos que se dan a las instituciones mediante transferencias) y del lado de los ingresos, relacionadas con la recaudación de impuestos, que iniciaron en meses anteriores, y lograr recursos frescos con la reforma a los impuestos de renta y de ventas. Esta estrategia se justifica por la inflexibilidad del gasto que brinda poco espacio para reducir el déficit a niveles manejables en el largo plazo.
También, es menester recordar que el Gobierno está recortando ¢221.000 millones al Presupuesto 2015, propuesta que ya había sido hecha al Congreso en octubre pasado.
Lo más urgente, sin embargo, es aprobar nuevas leyes impositivas que permitan contar con recursos frescos para hacerle frente al conjunto de obligaciones financieras ineludibles que heredó el Gobierno por decisiones de carácter fiscal de las últimas décadas.
Es en el apoyo a este pacto fiscal con desarrollo social, que se podrá enfrentar con mayores posibilidades de éxito las condiciones adversas que podrían surgir este año.