Por: Constantino Urcuyo 12 julio, 2014

Cerrarla o no cerrarla, ese no es el dilema. El verdadero problema está en la definición sus funciones.

Para llegar a esa determinación, es preciso tener claridad conceptual. La seguridad nacional y la seguridad del Estado son diferentes de la seguridad pública. Confundir los conceptos lleva a malas políticas públicas.

La seguridad nacional tiene que ver con preservar la integridad del territorio y la independencia del país. La seguridad del Estado con la protección de las instituciones democráticas. La seguridad pública con la convivencia ordenada y respetuosa entre los ciudadanos.

Pretender que la delincuencia común es materia de la seguridad del Estado tiene implicaciones autoritarias, pues todo se transforma en sobrevivencia del Estado y de la nación; es apostar por el Estado de excepción permanente.

El crimen organizado no propone instituciones políticas alternativas ni amenaza la integridad espacial de la nación.

Ver en la manifestación de desorden social amenazas contra la existencia de la nación lleva a políticas autoritarias como hicieron las dictaduras latinoamericanas. El Estado de seguridad nacional llegó a prohibir la minifalda, los Beatles, los libros de Sartre y el pelo largo como amenazas para la estabilidad .

La seguridad pública democrática implica que el Estado es el garante de una convivencia relativamente armónica, donde los ciudadanos respetan los derechos fundamentales de los otros en un territorio.

Las fuerzas de la seguridad pública (policía) deben prevenir la comisión de delitos y reprimirlos. Es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes comunes y entregarlos a los tribunales que serán encargados de establecer las penas de acuerdo con la ley.

La DIS debe ocuparse de la seguridad nacional y del Estado. Incursionar en seguridad pública es desbordar sus competencias legales y los principios democráticos.

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