Bienvenida la intervención del papa Francisco para solucionar el conflicto venezolano.
Preocupa el rumbo que han tomado los acontecimientos en ese país, un gobierno autoritario ha violado los derechos políticos de la ciudadanía al brincarse el principio de división de poderes e impedir la expresión de la voluntad ciudadana al poner obstáculos de todo tipo al referendo revocatorio del mandato presidencial.
La captura madurista del tribunal constitucional y del organismo electoral ha llevado a un choque de poderes con el Poder Legislativo en manos de la oposición al chavismo.
La disputa entre poderes ha generado un bloqueo sin salida institucional y con amenaza de guerra civil en el horizonte.
La mediación de Francisco no crea sospechas. Maduro no podrá acusarlo de agente del imperialismo y los opositores no verán en él a un vocero del malogrado socialismo del siglo XXI.
En este proceso, el madurismo deberá aceptar el restablecimiento del principio de la división de poderes y los opositores refrenar sus ansias de un cambio político inmediato.
Esperemos que el Papa logre la pronta liberación de los presos políticos, condición importante para iniciar las negociaciones.
El Gobierno venezolano debe entender que la democracia exige la disposición permanente a abandonar el poder si la ciudadanía así lo exige por las vías legales. Ninguna ley objetiva de la Historia puede legitimar la permanencia indefinida en el poder.
Esperemos que la intervención del Vaticano tenga como consecuencia la plena vigencia de las libertades públicas y de los derechos políticos.
Libertad de expresión, participación política sin obstáculos, restauración de las facultades constitucionales del parlamento, tribunales constitucionales y electorales independientes son elementos esenciales para que la democracia regrese a Venezuela y se supere la difícil situación económica y social en la que el socialismo del siglo XXI ha sumido a esa nación.