Agenda fiscal es la prioridad nacional indiscutible


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Desde el inicio de la presente administración, el Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Hacienda se abocó a la tarea de reformar el régimen tributario costarricense.

Siguiendo la promesa de campaña y el mandato presidencial de no impulsar nuevos impuestos en los primeros dos años de Administración, se decidió primero efectuar una revisión y mejora del funcionamiento del sistema de cobro de tributos, cuyo resultado es un aumento sostenido de la recaudación de 9,6% en 2015 y con perspectivas de mejora en el 2016.

LEA TAMBIÉN: Presupuesto del 2017 crecerá un 12% empujado por el pago de intereses de la deuda Al mismo tiempo se generó un planteamiento de los cambios legales necesarios para solventar el déficit fiscal.

Así se llegó a construir una propuesta integral contenida en el Plan de Fortalecimiento Hacendario que abarca temas como contrabando, exoneraciones, caja única, fraude fiscal, pensiones con cargo al presupuesto, evaluación del desempeño y anualidades, impuesto a personas jurídicas, impuesto de renta, impuesto al valor agregado y regla fiscal.

Esta propuesta se complementó con proyectos legislativos presentados por otras bancadas como regímenes especiales de pensiones, pensiones con cargo al presupuesto nacional, remuneraciones distintas del salario y topes a las remuneraciones de los salarios públicos.

A partir del 1 de mayo del 2016, el Gobierno y la Asamblea Legislativa coincidieron en impulsar esta agenda a condición de que el orden de discusión dejara los proyectos que garantizan nuevos ingresos hacia el final. Así, el Ejecutivo y todas las fuerzas políticas han realizado esfuerzos de negociación para lograr que estos proyectos de interés nacional no detengan su trámite.

El mejor ejemplo de estos relevantes avances de la agenda legislativa han sido las aprobaciones de los cuatro proyectos que reforman los regímenes de pensiones, así como la aprobación de la Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos.

En paralelo a la aprobación y trámite de las iniciativas de fortalecimiento hacendario, se ratificaron otros proyectos de ley vitales para el bienestar del país, tales como la Reforma Procesal Laboral, el Código Procesal Civil, la reforma a la Ley de Arrendamientos, la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, la Ley de Fortalecimiento del Incofer, el préstamo para la Caja Costarricense de Seguro Social, así como los proyectos que combaten el soborno transnacional, el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo, todas estos últimos indispensables para cumplir con recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

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A esta fructífera agenda se le suman los primeros debates de iniciativas como la Ley de Bienestar Animal y el Acuerdo París, los cuales se espera sean votados en segundo debate y ratificados este mismo año, al igual de la esperada pronta discusión y aprobación de los proyectos de lucha contra el fraude fiscal e impuesto a las sociedades anónimas.

Desde el Ejecutivo somos conscientes de que nos encontramos ante la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia, compuesta por nueve partidos políticos, algunos de ellos con divisiones internas, lo cual hace aún más compleja la negociación política propia de la realidad pluripartidista que tenemos. En este proceso el Gobierno ha construido una relación transparente y respetuosa tanto con el Presidente Legislativo como con los jefes de fracción, lo que incide directamente en el avance obtenido.

Queda un amplio camino que impulsar: proyectos relacionados con el fortalecimiento de la seguridad pública, la ley para el fomento de la competitividad Pyme, la creación de Instituto Nacional de Infraestructura Vial (INIV), la regla fiscal y la discusión y aprobación de los proyectos de ingreso, como son impuesto de renta y el impuesto al valor agregado (IVA), iniciativas vitales para procurar la salud de las finanzas públicas.

Sin duda, la agenda fiscal es la prioridad indiscutible del Ejecutivo, y debe ser la prioridad del país entero.

El Presidente de la República lo ha repetido incansablemente, este es el momento, no hay otro, cada mes sin estas aprobaciones se convierte en un golpe a la seguridad financiera nacional y a la credibilidad de Costa Rica frente a socios comerciales y organismos multilaterales, por ello, la voluntad del Gobierno está puesta en construir consensos con las diferentes fuerzas legislativas para despejar las amenazas del horizonte nacional.

NOTA: El autor Sergio Alfaro es el Ministro de la Presidencia.

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