20 septiembre, 2014

Costa Rica transita por una riesgosa ruta en sus finanzas públicas sin un claro plan para corregir el rumbo. Esto nos lo recordó la semana anterior la calificadora de riesgo Moody’s, pero este asunto lo hemos venido informando en forma reiterada en EF y desde esta página editorial ya hemos clamado por una solución para evitar males aún mayores.

El problema del desequilibrio de las finanzas públicas no es nuevo. En el lapso 2006-2008 los ingresos fiscales aumentaron transitoriamente como consecuencia de la bonanza económica mundial y el Gobierno entre 2006 y 2010 aumentó en forma permanente el gasto al incrementar la contratación de empleados públicos y sus remuneraciones.

Desde esta época el país viene con un déficit fiscal que, dadas las benévolas condiciones financieras externas, se ha financiado fácilmente y a un bajo costo en el exterior.

Además del déficit de las finanzas públicas, el país arrastra del pasado un déficit en la calidad del gasto. Los salarios de los funcionarios públicos se han visto solo como un derecho y no como un mecanismo para compensar el buen desempeño. Las instituciones no rinden cuentas de su acción a los ciudadanos y algunas vegetan como fantasmas.

La Administración del presidente Solís no es culpable de toda esta nefasta herencia. Sin embargo, el mandatario, como destacado analista de la realidad del país, conocía con suficiente anticipación la realidad del Estado costarricense y la urgencia de tomar decisiones para cambiar el rumbo.

Lamentablemente, el nuevo Gobierno ha cometido varias equivocaciones graves en materia fiscal.

Primero, el presidente Solís, en campaña electoral, se amarró las manos en cuanto a presentar una reforma fiscal a la Asamblea Legislativa durante los primeros dos años de su mandato.

Segundo, el Poder Ejecutivo otorgó en el segundo semestre de este año un importante aumento de salarios a los empleados del Gobierno Central y prometió un aumento de las transferencias a las universidades públicas. Con ambas decisiones, el Presidente se ganó el aplauso de la burocracia pública y de las universidades, pero a costa de recrudecer el ya agudo problema fiscal.

Tercero, la propuesta del Presupuesto de la República para el 2015 con un déficit del 6,7 % del PIB envió un pésimo mensaje sobre la prudencia fiscal del actual Gobierno. Este mensaje fue el detonante para que se encendieran las alarmas internas y externas sobre el futuro de la estabilidad de la economía.

Reconocemos el esfuerzo del Poder Ejecutivo en poner un tope al monto de las pensiones y los anuncios realizados para mejorar la recaudación de los impuestos. Pero estas medidas son claramente insuficientes para evitar un deterioro de la situación fiscal.

En la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el diputado Otton Solís, la Contralora General de la República y varias fracciones de diputados de oposición han propuesto opciones para disminuir el gasto. Les deseamos éxito a los diputados en esta tarea.

Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda no se ha sumado a este esfuerzo; por el contrario, se ha mostrado receloso y casi opuesto al proceso de recorte.

El Poder Ejecutivo debe entender dos puntos elementales en este proceso. Primero, si el ajuste de las finanzas públicas no se realiza por la vía de la institucionalidad del Estado, los mercados se encargarán de hacerlo en forma desordenada y con graves consecuencias para la población, especialmente la más pobre. Segundo, si no se logra un relativo equilibrio fiscal, no hay ninguna posibilidad real de una gestión exitosa del Presidente en el campo social.

Así como señalamos las equivocaciones del Presidente (“cuando me equivoque, corríjanme”, dijo en el discurso del 8 de mayo pasado) o de su gabinete en materia fiscal, no podemos pasar por alto las dificultades políticas para alcanzar alguna solución. Cualquier acción para aumentar ingresos o reducir gastos tiene costos políticos importantes. Los grupos afectados por las reformas se opondrán con fuerza. El Gobierno está en franca minoría en la Asamblea Legislativa y la fracción oficialista se encuentra fraccionada.

Este panorama político exige más que nunca un fuerte liderazgo del presidente Solís para explicar el problema, proponer soluciones e iniciar las negociones que correspondan.

El mandatario debe llegar a un acuerdo con los diputados de su propio partido. Si la casa está dividida será muy difícil lograr acuerdos con otras formaciones políticas y con las diversas organizaciones de la sociedad costarricense. A pesar de lo anterior, resulta positiva la iniciativa presidencial para la apertura de una mesa de diálogo con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Pero para que este fructifique se necesitan propuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es importante no crear pánico frente a la situación fiscal actual, pero es indispensable reconocer que el país está transitando por una ruta muy riesgosa y que el tiempo para corregir errores actuales y pasados se puede agotar.