Lo sentenció el presidente Luis Guillermo Solís durante la campaña electoral anterior: “No habrá impuestos en los primeros dos años de gobierno”. Pocas semanas después, Henry Mora, su principal asesor económico y posterior presidente del directorio de la Asamblea Legislativa, aseguró que en esos dos primeros años “disminuirían el déficit fiscal a la mitad sin imponer un solo impuesto”.
Luego, apenas empezando la nueva administración, el gobierno, con la complacencia del Ministerio de Hacienda, concedió a los empleados públicos un exagerado aumento a la base del 4%, por encima de la inflación y pese a las advertencias sobre los efectos que ello tendría en los pluses salariales. Más tarde, accedió a un aumento del 14% en el presupuesto del 2015 para las universidades públicas, acción que fue celebrada por la ministra de Educación como “un día de júbilo”. Para rematar, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un presupuesto para el 2015 con incrementos del 19% en el gasto, proyecto que fue aprobado ilegítimamente, pese a las protestas de los diputados de la mayoría de las fracciones.
Ante todo esto, no deberían ser noticia las reacciones negativas que desde todos los sectores ha provocado la actual intención del Ejecutivo de fijar entre sus prioridades de este año la aprobación de nuevos impuestos. Tampoco debe sorprender que la alianza forjada entre los partidos de oposición para tomar el directorio legislativo, tuviera como eje central negarse a la creación de tributos adicionales durante la actual legislatura, con el propósito de concentrarse, más bien, en la adopción de medidas efectivas para el control del gasto.
El mensaje es muy claro, pero a juzgar por las vacilantes declaraciones consignadas en la entrevista que publicamos en esta edición, el Gobierno parece no entenderlo. Así como no se entendió en campaña la magnitud y características del problema fiscal, ni se supieron dimensionar adecuadamente los efectos negativos de las medidas dispendiosas acordadas durante los primeros meses de gobierno, ahora se empeñan en ignorar una realidad legislativa y política adversa provocada por ellos mismos. En efecto, hasta ahora la contribución más importante del Gobierno en la discusión del tema fiscal ha sido dejar claro que no deben aprobarse nuevos tributos hasta tanto no se atiendan con seriedad los disparadores del gasto.
Ya pocos se atreven a negar la necesidad de hacer ajustes en los ingresos fiscales, pero todos concordamos en que hacerlo sin atender primero las causas de un déficit incontrolable, lo único que haría es echar en saco roto los nuevos recursos que aporten los contribuyentes. A pesar de ello, el Gobierno ha perdido mucho tiempo valioso que debió y debe invertirse en proponer las soluciones a problemas como el de los salarios y pluses en el sector público, la duplicidad de funciones, el mantenimiento de instituciones obsoletas, los regímenes de pensiones de fantasía, y las convenciones colectivas abusivas.
No son suficientes ya los gestos inocuos ni las medidas de carácter cosmético, pese al desgaste que pueda significar para el Gobierno tomarse en serio ese reto. Lamentablemente, mientras prevalezca el desconocimiento, la desidia, la improvisación e impericia demostradas hasta ahora, hay pocas esperanzas de que podamos llegar a buen puerto.