9 enero, 2016

En octubre del año anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó formalmente a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 7 de febrero. Será la primera vez que se elija a todas las autoridades municipales en una fecha distinta de la de elecciones nacionales.

El objetivo de la reforma acordada en el 2009 (Ley No. 6785) fue, precisamente, evitar que el impacto político y mediático de la elección presidencial y de diputados opacara la elección de los gobiernos locales y permitiera que la ciudadanía pudiera entonces poner mayor atención a estas importantes votaciones.

Lamentablemente, la experiencia indica que en las elecciones municipales, incluyendo la de diciembre de 2010, en la que se escogieron muchas de las autoridades ediles en elección separada, la participacióndel electorado ha sido muy baja.

Esa baja participación implica que la decisión quede concentrada en muy pocas manos, que los grupos más organizados tengan una influencia exagerada y que sus intereses tengan más peso del debido.

La baja participación ciudadana es todavía más marcada en los cantones más populosos y con presupuestos más altos, como se demuestra en el reportaje publicado en esta misma edición.

Esos datos sugieren que una gran mayoría de los electores no se sienten vinculados con el trabajo de sus gobiernos locales o, peor aún, que creen que la labor que estos realizan no reviste ninguna trascendencia. Esto a pesar de que las municipalidades tienen ya bajo su responsabilidad una gran cantidad de funciones y la prestación de muchos servicios que afectan directamente el bienestar de las comunidades, el ambiente de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Esas responsabilidades se verán acrecentadas, además, conforme se implementen los alcances de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley No. 8801) lo cual, al amparo del mandato del artículo 170 constitucional, les traspasará gradualmente más funciones y recursos públicos.

Por esa razón, resulta imperativo hacer un llamado a la ciudadanía para que se tomen con seriedad este proceso. Lo que haga o no haga la municipalidad del cantón en que vivimos y quién nos represente en ella tiene una importancia capital.

El derecho a ejercitar el voto es no solo un deber cívico ineludible, por el que muchos estuvieron y estarían dispuestos a ofrecer incluso sus vidas. Es también una manera apropiada de controlar que los cuantiosos recursos que muchas manejan, todos originados en los tributos que pagamos los contribuyentes, se inviertan más efectivamente y que los servicios que prestan sean los más adecuados.

El errado mensaje que se envía con una baja votación es que a nadie le importa cómo se gastan esos recursos, ni la calidad de los servicios que se prestan o las calificaciones de quienes nos representan.

Dichosamente, está en cada uno de nosotros revertir esa situación y ello empieza, aunque no sea suficiente, con acudir diligentemente a la convocatoria del TSE.

Informarnos oportunamente de cuáles son las opciones disponibles en estos comicios, conocer las ofertas que proponen e indagar los antecedentes de cada uno de los aspirantes para luego ir a depositar el voto es un esfuerzo menor que impide que muy pocos terminen decidiendo por nosotros.