Por:  21 octubre

Desde hace varios años, especialmente a nivel del Gobierno Central, se viene presentando una situación insostenible por cuanto los gastos corrientes superan los ingresos totales, y se genera un déficit creciente y preocupante, que. de acuerdo con estimaciones del Banco Central, podría llegar a ubicarse entre un 6% y 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

No es justo responsabilizar solamente a esta administración, sino que desde hace varios años el problema está presente y no ha existido la madurez política de entrarle a fondo con una reforma integral que incorpore más impuestos, pero simultáneamente, menores gastos provenientes de una racionalización del aparato estatal; de una ley de empleo público que ordene todo lo referente a las remuneraciones y los llamados pluses o beneficios provenientes de las convenciones colectivas negociadas por los sindicatos públicos.

De igual manera los diferentes congresos han contribuido ha magnificar esta problemática al seguir aprobando una serie de proyectos que generan gastos, pero sin contenido económico, y de igual forma permiten la financiación del gasto corriente con deuda.

El hoy

Recientemente, esta administración remitió al Congreso un nuevo proyecto de reforma integral, pero de nuevo su foco central es la reforma del impuesto de ventas a uno de valor agregado, así como la transición de un sistema de renta global.

Si bien es cierto que como Cámara estamos claros en que debe ampliare la base impositiva dado el cambio estructural del sistema productivo hacia los servicios, no nos parece que no se le haya entrado con más fuerza y magnitud al tema del gasto.

Nuestra preocupación es que quedando tan poco tiempo de este Congreso y en un año preelectoral, se llegue a un acuerdo justo sobre este proyecto y por lo tanto la solución reiterativa va a consistir en buscar soluciones de deuda pública a lo cual le vemos varios inconvenientes.

El primero es que seguir financiando el exceso de gasto corriente con deuda es tirar la pelota hacia delante y aumentar el componente de intereses que ya de por sí es muy relevante en el Presupuesto Nacional. En segundo lugar los niveles de deuda pública tanto del Gobierno Central como del sector público consolidado respecto al Producto Interno Bruto ya alcanzan niveles preocupantes como lo ha señalado el mismo Fondo Monetario Internacional. Tercero según lo que hemos podido investigar, el Ministerio de Hacienda reitera la solicitud al Congreso para que se le permita endeudarse en el exterior, pero también sabemos de una reforma que se está solicitando a una ley existente para permitir que capitales de le exterior puedan comprar bonos de deuda interna.

Cualquiera de estas dos opciones nos vuelve a recodar años recientes donde el costo del ajuste se le pasó al sector exportador y turístico vía una sobreoferta de dólares que artificialmente aprecia la moneda local, y en consecuencia a afecta negativamente la competitividad de estos sectores.

Por lo tanto, la Cámara de Exportadores de Costa Rica siendo consistente con sus posiciones pasadas, se opone a que se resuelva transitoriamente el problema fiscal a costas de la viabilidad de las compañías exportadoras y turísticas que hoy compiten globalmente vía productividad, cambio tecnológico, eficiencia operativa, innovación y apertura de nuevos mercados.

Consideremos que no es justo que de nuevo recarguen sobre nuestras espaldas el costo del ajuste fiscal, y hacemos un llamado a los señores legisladores para que estén conscientes de las implicaciones que este tipo de propuestas podrían ocasionar sobre nuestro sectores.