Por:  7 mayo, 2016
Jossué Daniel Peña.
Jossué Daniel Peña.

Una ley es justa en la medida que permite a cada individuo desarrollar sus facultades, sin que signifique un perjuicio ajeno. Una ley es injusta cuando crea un perjuicio para el individuo, obligándolo a hacer una transferencia de recursos o beneficios a sectores privilegiados.

Por tanto, es injusta la Ley 7818 que creó La Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica).

El artículo titulado “Póngale azúcar al privilegio del Economista”, del economista Eli Feinzaig (publicado en La Nación el 29 de febrero anterior), desnudó por completo la inmoralidad que cobija dicha ley. El tipo de negocio avalado por la norma se repite por el sector agrícola, que goza de un privilegio proteccionista del cual el consumidor es víctima. Es producto del capitalismo de amigos o crony capitalism .

Este término describe una economía en la cual el éxito en los negocios depende de las relaciones o vínculos entre sectores productivos y el gobierno. En esta modalidad de capitalismo, es común que las autoridades dificulten la competencia y desalienten a nuevos competidores, vía regulaciones y aranceles altos para importación.

Ejemplos de grupos protegidos actualmente tenemos a Laica, que se beneficia de un arancel del 46% sobre importaciones; Conarroz, que tenía uno del 35% pero que el mandatario Luis Guillermo Solís subió a 65% en enero del 2015; igualmente, la cebolla (con 15%), la papa (45%), los frijoles (15-30%), el pollo (40-150%) y la leche (65%), y así con todos los productos agrícolas que suponen la canasta básica de alimentos. Este sistema es llamado solidario, pero en la ecuación no se toma en cuenta al consumidor.

Golpe al consumidor

Entre otras cosas, el proteccionismo tiene un impacto en la distribución del ingreso, en la innovación, el precio y la calidad del producto.

Incluso, aunque no se produzca menos en algún mercado, al tener un sector protegido, los empresarios privilegiados pueden manipular los precios y generar una diferencia sobre los que existirían en un mercado más competitivo, y el excedente es recargado al consumidor.

¿Cómo perjudica el proteccionismo agrícola al consumidor de menor ingreso? Utilizando datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) lo podemos determinar.

En el 2015, el costo de la canasta básica mensual fue de ¢45.778 y el ingreso per cápita promedio del 20% más pobre fue de ¢54.556. Significa que al 20% más pobre de Costa Rica, la canasta básica mensual le cuesta el 84% de sus ingresos.

Si se hace este mismo ejercicio años atrás, se observa que no es un problema de hoy. En el año 2004, a ese mismo quintil, la canasta básica le costaba el 101% de sus ingresos; en el 2007 el 84%; en el 2009 un 89%, y en el 2015 un 84%.

¿De qué se conforma la canasta básica de alimentos? ¿Qué come, en su mayoría el quintil más pobre de Costa Rica? Granos, lácteos, pollo o carne cuando puede. ¿No es esto un atropello a la población más vulnerable de nuestro país?

El más reciente ejemplo proteccionista es el del aguacate, que en solo un año aumentó 72%, después de que se aplicara una dudosa restricción fitosanitaria a las importaciones mexicanas.

Por esto, las fallas estatales son más perjudiciales para la población, que las fallas de mercado.

Un ejemplo más: hace unos días se dio a conocer que el CNP pagará a productores nacionales protegidos el quintal (46 kilos) a ¢48.450, o ¢1.053 el kilo, mientras que en el mercado internacional se consigue a ¢22.000 el quintal. No solo están protegidos vía ley, los arroceros utilizan el chantaje (amenazan con cerrar vías) como herramienta de negociación cuando se sienten perjudicados.

No se pueden seguir negando las consecuencias de estas políticas contra el consumidor y contra la gente más necesitada. Es una situación debe acabarse ya.