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El PAC y el PLN tienen el desafío de consolidar la votación conseguida en la I vuelta y obtener respaldos adicionales que les permita legitimar un mandato sólido.
A escasas 48 horas de haber culminado el día más esperado por la democracia costarricense cada cuatro años y con la antesala de que, por segunda vez en la historia política nacional, el desenlace del proceso no se producirá sino hasta dentro de dos meses y dos días, se torna pertinente hacer una lectura reflexiva sobre lo acontecido durante el proceso electoral vivido.
El abordaje analítico del proceso permitirá identificar variables que lo caracterizaron y le dieron su identidad específica y única, a la vez que favorece la configuración de potenciales escenarios de corto y mediano plazo.
La contienda electoral 2013-2014 iniciada formalmente el día 2 de octubre del año anterior, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones convocó formalmente al país a elecciones en febrero de 2014, tuvo elementos novedosos que le distancian de procesos anteriores. A saber:
Es la primera elección desde la fundación de la Segunda República en 1949, que se circunscribió exclusivamente a la escogencia de las autoridades nacionales, es decir a los titulares del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Este factor en sí mismo, tuvo especial repercusión en el modelo de gestión y estrategia política desplegado por los distintos partidos políticos que intervinieron en el proceso, dado que las estructuras de base, usualmente activadas para los comicios, carecieron de la motivación adicional que representa la opción de aspirar a cargos dentro de los gobiernos municipales y obligó además a asumir un papel más protagónico a los candidatos a la Asamblea Legislativa, especialmente a quienes encabezaban las papeletas.
Otro aspecto nuevo lo constituyó el mandato legal de integrar las papeletas para cargos en la Asamblea Legislativa, respetando los principios de paridad y alternancia. Inspirado en el propósito de garantizar una mayor y más equitativa representación de género en el I Poder de la República, la legislación electoral aprobada en 2009, obligó a las agrupaciones políticas a conformar sus listas de candidatos de forma tal que las mismas tuvieran un 50% de presencia femenina y un porcentaje similar de participación masculina, además de que su posición en la lista tenía que ser trenzada.
Por vez primera se autorizó el ejercicio del sufragio en el extranjero. En esta ocasión 2.771 costarricenses de un total de 12.654 inscritos, pudieron votar fuera de nuestras fronteras, para escoger al Presidente y Vicepresidentes de la República.
Sumado a estos aspectos formales del proceso, la dinámica electoral tuvo factores que también fueron inéditos.
La campaña electoral se desarrolló en el marco de una presencia más amplia, activa e inclusive beligerante de las redes sociales. Si bien estas aplicaciones propias del ciberespacio fueron empleadas hace cuatro años, su intensidad y significancia en este proceso, las constituyen en verdaderas protagonistas en esta oportunidad.
Su visibilización e importancia además, tuvo su correlato en una disminución relativa del peso ejercido por la propaganda electoral pautada en medios de comunicación tradicionales.
Esto último sustentado en factores de conveniencia política, pero especialmente de contingencia financiera.
Gran parte del proceso electoral se desarrolló en medio de la expectativa en torno al contenido de la sentencia de la Sala Constitucional a un recurso interpuesto por dos exdiputados que cuestionaron la validez jurídica de las normas del Código Electoral que autorizan y tutelan la cesión de derechos de la contribución estatal a la que tendrán acceso los partidos políticos que hayan cumplido los requisitos de votación y de orden legal y contable, establecidos en dicha normativa.
En el tanto dicho fallo se producía, los partidos políticos no pudieron emplear el mecanismo contemplado en los artículos 114 y 115 del Código y ello los obligó a buscar mecanismos de financiamiento alternativos que, provocaron varios efectos colaterales, entre ellos el más destacado, la inusitada importancia adquirida por los estudios de opinión y encuestas electorales.
En ausencia de la aplicación de la cesión de la contribución estatal, los bancos, públicos y privados, se convirtieron en potenciales proveedores de préstamos a los partidos políticos. Empero esto exigió a los agentes financieros la adopción de las garantías y salvaguardias necesarias para blindar sus operaciones crediticias, lo que los condujo a emplear los resultados de las encuestas como referente para establecer sus criterios en materia de idoneidad y admisibilidad de los potenciales sujetos de crédito, así como para cuantificar la magnitud del crédito finalmente formalizado.
Si bien en fecha avanzada del mes de diciembre, la Sala Constitucional mediante sentencia n.º 015343-2013 de las 16:30 horas 21 de noviembre de 2013, dictada en expediente n.° 12-017159-0007-CO, la Sala Constitucional declaró sin lugar la citada acción de inconstitucionalidad, en la misma sentencia limitó la cesión de la contribución estatal a una relación entre personas físicas nacionales y a favor de los bancos que integran el Sistema Bancario Nacional y de los medios de comunicación colectiva.
Para ese momento del proceso, los partidos que lideraban intención de voto en las distintas encuestas habían concretado o estaban a punto de lograr, acuerdos de fideicomiso con entidades bancarias y otros prácticamente habían tenido que subsistir mediante donaciones privadas, lo que había ensanchado la brecha entre ellos, creando condiciones de inequidad en la competencia electoral.
Simultáneamente y fundamentado en los mismos resultados arrojados por las encuestas, los medios de comunicación en sus espacios de noticias regulares, así como en los programas de debates promovidos, con pocas excepciones, centraron su cobertura en un número limitado de aspirantes presidenciales. En la mayoría de los espacios, tan sólo cinco de los trece candidatos presidenciales tuvieron oportunidad de divulgar sus ideas y posiciones políticas.
En un contexto en el que no había suficiente “flujo de caja” por los impedimientos para acceder al financiamiento estatal, la posición dada a los partidos en nivel de apoyo ciudadano, por los estudios de opinión devinieron en un factor esencial para tener acceso a una mayor exposición mediática. Esto a su vez les permitía tener mejores opciones de afianzamiento de su imagen entre la ciudadanía, lo que reforzó la inequidad aludida, en una suerte de perverso círculo vicioso.
Otro elemento innovador en el proceso lo constituyó el valor que poseyeron los debates como criterio o insumo para construir la decisión del voto. De acuerdo al estudio de la CIEP publicado a mediados del mes de enero, aproximadamente un 42% de la ciudadanía los consideró fundamentales para definir su voto.
Este indicador refleja un cambio importante en el comportamiento electoral del ciudadano, que parece ir migrando paulatinamente hacia criterios más racionales y menos emotivos para definir su voto.
En ese contexto, la inequidad en el acceso a medios y a participación en este tipo de debates, también adquirió una significancia política mayor.
En medio de ese contexto, alrededor de un 68,27% de electores emitieron válidamente su voto, arrojando dos resultados concretos:
1- La necesidad de efectuar una II vuelta el día 6 de abril para elegir en forma definitiva al próximo Presidente de la República. Un 30,95% de los electores colocaron al candidato del Partido Acción Ciudadana en esa ronda y un 29,59% hicieron lo propio con el aspirante del Partido Liberación Nacional.
2- La conformación de un nuevo Parlamento multipartito, integrado por diputados de 9 partidos políticos, 8 de alcance nacional y uno provincial, ratificando de paso, la tendencia a constituir grupos parlamentarios diversos y con un peso político relativo similar, en detrimento de mayorías sólidas.Estos datos también evidencian la consolidación de la práctica conocida como quiebre del voto por parte de un segmento considerable del electorado costarricense.
De cara al 6 de abril, los dos candidatos en liza tienen el desafío de consolidar la votación conseguida en la I vuelta y obtener respaldos adicionales que les permita legitimar un mandato sólido, considerando además que, de inicio, se encontrará un Parlamento atomizado y en donde no dispondrá de una mayoría legislativa para promover su agenda programática.
Los posibles acercamientos con las fuerzas políticas que quedaron en el camino, así como con sectores sociales y económicos influyentes, deberán no sólo de buscar la concreción de apoyo electoral inmediato, sino que deberán delinear los contenidos y características de los acuerdos político-programáticos que le permita alcanzar niveles de gobernabilidad razonables para hacer viable el ejercicio de su presidencia.
Hoy nuevamente Costa Rica es convocada a una cita electoral. Un desafío como sociedad será disminuir el 31,73% de abstencionismo registrado en las elecciónrecientemente celebrada. La forma en que se comporten los actores políticos en los próximos meses determinarán si esa cifra disminuye o más bien aumenta de forma considerable.
La historia continúa.
