Por:  6 septiembre, 2014
 Promoción de la competencia en telecomunicaciones
Promoción de la competencia en telecomunicaciones

Cuando en Costa Rica se confirmó la decisión de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones, decisión política apoyada por la mayoría de la población mediante el referéndum del 2007, también se tomó otra decisión muy importante, que fue la de permitir que el ICE (operador estatal que brindaba sus servicios en condiciones monopólicas) siguiese brindando servicios en condiciones de competencia.

Esta segunda decisión, denominada por los políticos responsables como “solución a la tica”, le dio matices especiales ya que implicó reforzar la tendencia de nuestros políticos de creer en la figura del Estado empresario (a pesar de las múltiples historias que reflejan la inconveniencia de tal figura), introduciendo un esquema en el que esos operadores estatales compitieran con empresas privadas, para lo que aquellos que apoyan la tesis de un Estado empresario, complementaron la decisión con reformas legales que permitieran “fortalecer” la institución pública dándole “margen de maniobra”.

En el caso concreto del mercado de las telecomunicaciones, este modelo de Estado empresario genera distorsiones complicadas de regular, políticamente difíciles de manejar y contribuye a entorpecer el dinamismo que debería tener ese mercado, reconocido como un mercado que sirve de catalizador y motor para el desarrollo de muchos sectores (públicos y privados), para la mejora de la competitividad del país y para impulsar el desarrollo nacional.

Más competencia

A todo lo anterior, le agregamos que el Estado asumió compromisos internacionales muy claros en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (DR-Cafta).

Entre esos, destaca con particular relevancia el de velar y promover la competencia, eliminar situaciones discriminatorias y distorsiones, así como crear y fortalecer la figura de un regulador especializado e independiente.

En dicho instrumento jurídico internacional, concretamente en el anexo del capítulo 13 del DR-Cafta, apartado IV de Principios Regulatorios, se indica que Costa Rica no solo establecerá una autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones, que será independiente de todo proveedor de servicios de telecomunicaciones, sino que sus decisiones y procedimientos serán imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

Después de que se ha esperado que las nuevas instituciones creadas para regular esta industria asuman sus correspondientes obligaciones, habiendo entrado ya en el sexto año desde que se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones y después de más de 30 meses de apertura del mercado móvil de voz y datos, es necesario que la institucionalidad creada muestre la madurez ya adquirida y su solidez técnica para pasar a otro nivel, y sean consecuentes con el modelo jurídico creado que es el de intervención por excepción y no como regla permanente.

Así se presenta el gran reto de nivelar las condiciones de competencia, de eliminar la tendencia a tratar de influenciar políticamente a Sutel desde el Poder Ejecutivo o Legislativo, de permitir que el regulador se logre convertir en un órgano especializado e independiente, capaz de regular eficientemente una industria que crece todos los días, que dinamiza la economía creando círculos virtuosos de productividad, que requiere de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para respaldar y justificar sus decisiones de inversión.

Las diferentes instituciones del Estado costarricense deben procurar actualizar su cultura institucional que, en algunos casos, se mantiene viviendo dentro de los esquemas monopólicos del pasado al momento de tomar decisiones (por ejemplo, cuando una autoridad municipal conoce de gestiones para el desarrollo de infraestructura, o cuando instituciones públicas adquieren servicios de telecomunicaciones o a una autoridad judicial se le llevan temas del sector a su conocimiento y resolución).

Se debe tener especial cuidado al exigir y monitorear que se cumplan reglas claras para diferenciar la función rectora de telecomunicaciones del Estado de su responsabilidad por el desempeño comercial del operador estatal (actualmente operador incumbente en todos los mercados relevantes identificados por la Sutel) y sus empresas, lo anterior con el objetivo de evitar conflictos de interés que pudieren afectar la normal dinámica del mercado, en particular evitar los conflictos que comprometan la independencia del regulador o la responsabilidad del Estado de garantizar un ambiente de sana competencia, sin intervenciones que afecten el entorno competitivo.