La visita del presidente de China, Xi Jingping, destacó en la agenda nacional el tema de la refinería que, en colaboración con ese país, había pretendido construir Recope. La discusión se centró en determinar si el Gobierno había justificado la rentabilidad del proyecto, el monto de la inversión multimillonaria y sus efectos para el consumidor nacional. Ahora, la Contraloría terminó con el proyecto por problemas en su elaboración, pero ¿era justificable plantearse esa inversión? Puesto que Recope y el Gobierno han reiterado que aún quieren construir la refinería, solo que con indefinido plan B, esta pregunta sigue vigente.
Por otra parte, el INS ha venido señalando su intención de invertir $300 millones para comprar una operadora de seguros en Panamá y otros $300 millones para abrir una operación en Nicaragua.
Entre esas iniciativas de Recope y el INS se invertiría casi un 5% del PIB nacional. Esto equivale a dos terceras partes de nuestro gasto anual en educación, lo cual invertido para mejorar la infraestructura y equipamiento de la educación pública secundaria podría permitir alcanzar una calidad que asegure a las familias pobres salir de la pobreza. Alternativamente, ese monto significa más de tres veces el aumento de la inversión en infraestructura que requerimos anualmente para acelerar el crecimiento y disminuir de verdad la pobreza y la desigualdad; o el 80% del gasto anual en salud de la CCSS.
¿Se justifica que el Estado se dedique a esas actividades de refinar petróleo y vender seguros? Esta pregunta debería responderse de previo a plantearse su justificación en términos de legalidad y rentabilidad.
Vivimos en un mundo de escasez. Ello nos obliga a escoger. En algunos campos no tenemos alternativa: El Estado requiere dotarnos de seguridad, legalidad, justicia, educación, infraestructura, salud, cuidado ambiental, planificación urbana. ¿Está haciendo eso tan bien que podemos dedicar sus esfuerzos a otras tareas no obligatorias, como refinar petróleo y vender seguros en el extranjero?
No es solo la escasez de recursos financieros. Igualmente escasa es la capacidad de prever y planear, de administrar, de controlar, de evaluar y de corregir el rumbo ante el ácido de la realidad. O ¿será que estamos sobrados de talento político y nos podemos dar el lujo de dedicar la capacidad de tomar decisiones sobre asuntos públicos a temas que no son esenciales para la buena marcha del Estado y sus instituciones?
Sin ambiente
Si la opinión pública no está equivocada y su evaluación de la capacidad de tomar decisiones políticas es correcta, no parece haber sobrante alguno de esa capacidad. La encuesta de CID Gallup de mayo revela que un 51% considera como mala o muy mala la manera como desempeña sus funciones la señora Presidenta.
La encuesta de Unimer de julio de 2012 presenta el índice de confianza en el Gobierno elaborado con base en la calificación del gobierno, en su eficiencia en el gasto, en su conocimiento para resolver problemas, en su dedicación a gobernar para todos y en el nivel de corrupción. Ese índice cae 16 puntos en el periodo abril a julio 2012 y su nivel es el menor de los últimos tres gobiernos. En esa encuesta, un 75% considera que el Gobierno no sabe o no hace nada por resolver los problemas del país y un 65 % opina que ningún partido está capacitado para dirigirlo.
En estas condiciones, ¿qué sentido tiene plantear estas nuevas aventuras de Estado empresarial?
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