Opinión: Una tarea permanente


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La transformación estatal supone el análisis de diversos temas, desde los menos complejos hasta aquellos otros que implican replantearse el funcionamiento y organización de la administración pública. ¿Por dónde empezar cuando todo es urgente?

Tienen razón quienes afirman que el Estado costarricense ha cambiado, más por efecto de las circunstancias de una coyuntura que a un proceso planificado y de largo plazo. En general, cuando el tema vuelve a recibir una atención especial, tiene como una de sus premisas fundamentales la necesidad de impulsar cambios esenciales en el aparato gubernativo, de manera que permitan mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas.

Lo cierto del caso es que la reforma estatal puede ser abordada, con independencia de los hechos que la originan, desde al menos dos ámbitos. Uno, relacionado con la adopción de acciones que suscitan modificaciones sustantivas (mejor conocida como la reforma del Estado propiamente); el otro, más vinculado con la modernización o la eficiencia institucional (operación-prestación de servicios).

En el primero, se identifican las iniciativas que impactan el funcionamiento y organización gubernamental, en temas como la estructura de la administración pública (el país cuenta con más de 300 instituciones), las relaciones entre los poderes públicos (alcances y límites a las potestades de cada uno), las facultades de mando y dirección del Poder Ejecutivo frente a entidades con pesos jurídicos distintos (impacto de Rectorías), la existencia de diferentes regímenes de empleo, los instrumentos de control en el sector público (identificación de controles asfixiantes), la operación de la Asamblea Legislativa (plazos de votación, iniciativa preferente), la representación política (elección de diputados, carrera parlamentaria, construcción de alianzas), la descentralización estatal (implicaciones de la normativa actual y posibles variantes) y creación de un sistema de alta dirección pública (selección por conocimientos).

Un segundo nivel se circunscribe a innovaciones en la arquitectura de algunas entidades públicas, especialmente aquellas que con frecuencia son señaladas por su débil gestión. Su redefinición pasa por una profunda evaluación de su desempeño institucional, sus funciones actuales, del fin para el que fueron creadas, la correspondencia entre sus programas y las necesidades de sus públicos meta, los resultados de los procesos de reorganización interna a los que han sido sometidas en los últimos años.

Modernización

Pasando ahora al ámbito de la modernización gubernamental, entendida como el impulso de acciones de carácter más instrumental u operativo, hay dos niveles que deberían ser analizadas con miras a facilitar y mejorar la eficiencia y eficacia.

Por un lado, se tienen aquellas áreas que podrían ser afectadas positivamente con la promoción de medidas transversales. Me refiero a contar con un sistema uniforme de recopilación de la información sectorial, tal cual ya lo permite la legislación existente, para realizar la planificación institucional, incluyendo un único instrumento en materia de control y seguimiento.

También, para lograr finalmente que las compras públicas tengan lugar mediante el uso de un único instrumento, evaluar la conveniencia de que cada institución tenga su propio servidor de correo y un servidor web, cuando todos podrían estar en un solo lugar.

En resumen, la administración pública dispone de herramientas de gestión individual, las cuales deben ceder su lugar a la aplicación de mecanismos homogéneos y de aplicación general, contribuyendo a generar economías de escala, reducir costos y tiempo de respuesta.

Por otro lado, el segundo nivel dentro de la modernización, se compone de medidas tendientes a favorecer la capacidad institucional de respuesta a los ciudadanos. Entre los ejemplos a mencionar se encuentran la automatización y digitalización de los servicios prestados por las entidades públicas (valdría la pena asumir esto como una cruzada nacional); la reducción al mínimo de los trámites en el aparato público (avanzar hacia casos concretos y señalar la meta a alcanzar-creación de ventanillas únicas), la reformulación de los mecanismos actuales de coordinación institucional que, lejos de ayudar, saturan a los altos mandos de comisiones y reuniones, con poco o ningún espacio para pensar en el largo plazo, y la extensión de la firma digital en todos los niveles de gestión.

Tratándose de este ámbito de acción, un elemento que ayudaría en la búsqueda y diseño de soluciones, es abrir el espacio para que los responsables de procesos clave se refieran a las dificultades presentes en su actividad ordinaria. Entiéndase, los encargados de presupuesto, de informática, de la contratación administrativa, de secretarías sectoriales, de planificación, en fin, un número importante de funcionarios quienes deben lidiar con los procedimientos en el Estado, pero que raras veces aparecen en las discusiones generales sobre modernización estatal. Evidentemente, no serán ellos quienes tengan todas las respuestas, pero de su experiencia algunas novedosas ideas pueden surgir.

Con certeza, la tarea es abrumadora, pero, por lo pronto, será necesario priorizar. Sin embargo, conviene no descuidar las acciones en materia de modernización, bajo el pretexto de que todo pasa por la vía de una transformación general, la cual, por supuesto, es indispensable y debe partir de una discusión primigenia: el tipo de Estado al que se aspira.

La reforma del Estado debe ser motivo de una discusión permanente, incentivada por la búsqueda de soluciones en todo tiempo. Así como se planifica en otras áreas de la acción pública, también es imperativo planificar en esta materia, señalando los temas a abordar en el corto, mediano y largo plazo.

Por la envergadura de los problemas que enfrenta la sociedad costarricense y la dispersión del poder político, ningún actor cuenta con la capacidad suficiente para implementar medidas correctivas por su propia cuenta, es indispensable la suma de fuerzas.

Por ello, el debate sobre el Estado que tenemos y queremos debe también responder a cómo implementar las propuestas que implican transformaciones sustantivas.

¿Permiten las vías actuales en el sistema político alcanzar los acuerdos requeridos?

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