Por:  9 septiembre

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan al margen de la ley. Es decir, son todos aquellos agentes económicos que no pagan impuestos ni contribuyen a la seguridad social del país.

Las empresas informales representan una competencia desleal contra aquellos establecimientos que cumplen con todas las obligaciones y regulaciones necesarias tanto para ingresar como para pertenecer dentro del sector formal.

La informalidad es una actividad ilegal en la que todos los que están inmersos en ella pierden: trabajadores, empresas y Gobierno.

En primera instancia, porque está asociada a empleos de mala calidad y poca estabilidad para aquellos que laboran en ella, quienes en la mayoría de los casos reciben ingresos por debajo del salario mínimo.

Asimismo, para las empresas que operan en la “economía subterránea” se les limita las posibilidades de crecimiento, al no poder acceder a nuevos mercados ni ser sujetos de créditos.

Por último, el Gobierno deja de percibir sumas considerables por concepto de impuestos y aportes a la seguridad social.

Pero, ¿cuáles son las causas de la informalidad?

La informalidad surge cuando los costos de pertenecer al marco legal y normativo de un país son excesivamente altos. Complejos procesos de inscripción y registro, alta carga tributaria y regulaciones en material laboral, son algunos ejemplos.

Por ello, este fenómeno predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, y cuando la presencia y control del Estado son débiles. Esta combinación, desafortunadamente la encontramos en Costa Rica.

58% versus 41,3%

De acuerdo con el Doing Business 2017 del Banco Mundial, la carga tributaria de las empresas en Costa Rica es superior al promedio de los países miembros de la OCDE.

En nuestro país, las empresas deben pagar un 58% de impuestos sobre las ganancias, mientras que en promedio los países de la OCDE pagan un 41,3%.

Además, en Costa Rica se estima que una empresa puede tardar entre 27 a 70 semanas para establecer un negocio. Este calvario que deben afrontar los empresarios, es un incentivo perverso para aquellos que desean iniciar sus operaciones legalmente.

Atacar la informalidad debe ser prioridad para el Gobierno.

En momentos cuando el país afronta una situación fiscal complicada, aumentar la base de contribuyentes, sacando de la informalidad a las empresas que operan de esta forma, representa una oportunidad para el Gobierno de aumentar sus ingresos, sin imponer mayores obligaciones tributarias a las compañías que ya cumplen con todas sus obligaciones y son generadoras de riqueza y empleo.

Estimaciones de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) indican que el fisco deja de recibir por concepto de informalidad, más de un ¢1 billón por año.

Lo anterior, representa aproximadamente un 3% del PIB; más de lo que se pretende recaudar con la reforma fiscal propuesta por el Gobierno (2% del PIB aproximadamente).

Aunado al problema fiscal, formalizar a los más de 900.000 trabajadores que laboran de manera irregular en Costa Rica, podría constituir una solución al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según cálculos de la CCCR, dicha organización estaría dejando de percibir más de 200.000 millones de colones por año por este fenómeno.

Señores del Gobierno y futuros gobernantes: ayudémonos, mediante una participación actica de los sectores público-privado, a crear un país más próspero y digno. Para ello, se requiere la formulación de políticas públicas que promuevan un comercio formal, para lo cual, la Cámara de Comercio de Costa Rica siempre estará dispuesta a colaborar.

La autora es presidenta de la Cámara de Comercio.