El veto presidencial a las leyes de fotocopiado y reforma procesal laboral llama a reflexión sobre la unidad entre el Ejecutivo y su fracción legislativa. Los diputados del PLN aprueban leyes, y luego la Presidencia se opone. Lo primero que pensamos es en descoordinación entre Gobierno y fracción.
Sin embargo, esto sería simplista, pues el ministro de la Presidencia es un avezado parlamentario que se ha caracterizado por el buen manejo de las relaciones con las fracciones legislativas.
Tampoco pueden los diputados del PLN alegar errores, pues participaron activamente en el proceso de discusión y ejercieron el derecho de enmienda. Igual participación tuvieron los ministerios de Justicia y de Trabajo
Dos factores podrían explicar estas contradicciones: las presiones de grupos interesados y la cercanía de la campaña electoral.
Los representantes de casas editoriales, así como de la Cámara Costarricense del Libro, solicitaron a la presidenta Laura Chinchilla que vetara la ley de fotocopiado. La participación de sectores empresariales pidiendo el veto de la reforma procesal laboral también se ha presentado.
En situación de gobierno dividido, carencia de mayoría del partido de gobierno en el Congreso, el proceso político se prolonga, con el cabildeo reorientado desde Cuesta de Moras hacia Zapote.
Nuestra Constitución no permite la reelección inmediata de los presidentes, por lo que cuando se acerca el final del corto mandato, estos se transforman en figuras casi decorativas y la influencia de los candidatos se logra imponer algunas veces.
Podría ser que los diputados liberacionistas estén envueltos ya en esa dinámica de agradar a potenciales vencedores, y que a la Presidenta no le quede más camino, para satisfacer las demandas de los grupos de presión, que ejercer su derecho constitucional al veto.
Se ha abierto un nuevo espacio para la discusión política.